El canciller de la República, Denis Moncada Colindres, evitó referirse a la sanción impuesta por Estados Unidos a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) este martes que participó en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional.
Moncada dijo que estaba en la Asamblea en ocasión de la sesión inaugural y no se iba a referir a otro tema, aunque los periodistas insistieron en que hablara sobre la posición del Gobierno de Nicaragua sobre la situación de Rivas, uno de los altos jerarcas del Estado cercano al presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.
Rivas preside el poder electoral en el Estado, que será clave en la agenda política de este año. Ortega prometió el nueve de noviembre pasado a la Organización de Estados Americanos, con la que sostiene conversaciones desde octubre de 2016, que tendría listas reformas electorales para 2018.
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La sanción impuesta por Estados Unidos se realizó el 21 de diciembre pasado, en el marco de la ley Magnitsky, que castiga a personas señaladas de corrupción o violación de derechos humanos. A raíz de la decisión estadounidense, varios críticos del gobierno han demandado que renuncie Rivas y el resto de magistrados ligados al partido de gobierno.
Castro también se calla
El jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), diputado Edwin Castro, ni siquiera se detuvo a hablar con los periodistas.
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La magistrada del CSE, Norma Moreno, también huyó de los medios de comunicación. También se presentó a la Asamblea magistrada electoral Mayra Salinas. En los últimos días, se ha criticado la ausencia de Rivas en los actos de juramentación de las autoridades edilicias, en los que ha sido sustituido en su mayoría por el actual vicepresidente, Lumberto Campbell.
El exvicepresidente y diputado sandinista, Jaime Morales Carazo, fue el único que criticó la sanción a Rivas. Dijo que no es correcto juzgar a una personas sin presentar pruebas y sin darle la oportunidad a defenderse.
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El Departamento del Tesoro sancionó al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, entre un grupo de 13 personas señaladas como abusadoras de derechos humanos y corruptas.
