El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, ha disminuido la cantidad de viajes a Costa Rica desde el año 2009, cuando empezó a ser investigado por LA PRENSA, el diario costarricense La Nación y la Fiscalía de ese país.
Según registros oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Rivas realizó durante el 2017, 11 viajes a Costa Rica, 14 en 2016 y 15 en 2015. El último viaje lo realizó dos semanas antes de que fuera sancionado por corrupción y violación de derechos humanos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la Ley Global Magnitsky.
Rivas ingresó a Costa Rica por última vez la tarde del 8 de diciembre por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y salió por el mismo lugar, la tarde del 12 de diciembre de 2017. Las cifras de los viajes durante los últimos tres años son un enorme contraste, en comparación a las de hace nueve años.
El 18 de marzo de 2009, LA PRENSA publicó que entre diciembre de 2008 y febrero de 2009, “el magistrado Rivas se ausentó 28 días de sus labores al frente de la institución electoral, para viajar a disfrutar de la buena vida que se gasta en Costa Rica en los últimos años, donde llega en un avión privado”. Durante esos tres meses Rivas viajó en 13 ocasiones, de acuerdo a reportes migratorios de Costa Rica.
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El magistrado tiene al menos cuatro casas en Eco Residencial Villa Real, un lujoso condominio ubicado en Santa Ana, San José; los cuales fueron comprados mediante la sociedad Chibilu del Oeste, según el diario La Nación.
Causa penal contra Rivas
La Fiscalía General de la República de Costa Rica abrió de oficio este martes la causa 18-000038-058-PE, por el presunto delito de legitimación de capitales en contra de Rivas. La decisión se da luego de analizar publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica, según el Ministerio Público.
A partir de este martes, el caso se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, “por lo que se procederá a recolectar la prueba necesaria y pertinente para probar o descartar la existencia de un delito. Esta etapa es de carácter privado, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”, de acuerdo aa información oficial del Ministerio Público.
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Esta no es la primera vez que el Ministerio Público de Costa Rica abre una causa penal contra Rivas. El 17 de diciembre de 2009 la Policía de Control Fiscal presentó una denuncia contra Rivas y otras personas por el aparente uso indebido de carros exonerados con placas asignadas a la embajada de Nicaragua. La causa penal se formalizó un día después bajo el expediente 09-000017-618-PE, y estuvo a cargo de Juan Carlos Carrillo, de la fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios.
Según el diario La Nación, los carros objetos de investigación fueron usados por Roberto Rivas y su familia, a pesar de que ellos no eran agentes diplomáticos acreditados en Costa Rica.
Los vehículos era un Mercedes Benz, cuyo valor fiscal era de 110 millones de colones (198,994 dólares al tipo de cambio de esa época) e ingresó a Costa Rica el 9 de diciembre del 2008 a través de la aduana de Peñas Blancas. Un BMW, valorado en 76 millones de colones (136,796 dólares al tipo de cambio de ese momento), y que pasó por la misma aduana el 6 de julio del 2009. Y un Porsche 911 que tenía un valor de 75 millones de colones (134,996 dólares al tipo de cambio de esa misma época) e ingresó al país el 9 de julio del 2008 por la aduana del Aeropuerto Juan Santamaría, procedente de Miami, Florida.
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Según el diario La Nación, para realizar los trámites de inscripción de los carros, el embajador Harold Rivas autorizó a Berta de la Peña Sánchez, la asistente de su hermano, Roberto. El 25 de noviembre de 2009 Harold Rivas aseguró a ese rotativo que los carros no eran propiedad de su hermano.
Según el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos informó que tramitó la causa 09-000017-0618-PE contra Rivas por el delito de defraudación fiscal aduanera, por la cual, el 06 de abril del 2010, envió una solicitud de desestimación.
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“Dicha solicitud fue acogida el 14 de junio de ese mismo año por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, el cual ordenó la desestimación y archivo del caso por atipicidad (los hechos denunciados no constituyen delito)”, confirmó el Ministerio Público, ante una consulta de LA PRENSA.
A inicios de 2010, los abogados Lulio Marenco, Gustavo García y David Castillo Fornos informaron en Nicaragua que habían interpuesto una denuncia en la Fiscalía General de la República de Costa Rica, contra Roberto Rivas por supuesto enriquecimiento ilícito con fondos del erario nicaragüense invertido en territorio costarricense.
No obstante, tras consultar en el sistema informático de gestión de la Fiscalía General, el Ministerio Público informó que sobre esta aparente denuncia “no se encontró registro de ninguna causa contra Rivas Reyes”.