¿Volver?
Después de casi 20 años en un nuevo país y con una nueva vida, cerca de 200.000 salvadoreños se enfrentan a la posibilidad de un temido regreso.
El gobierno de Donald Trump puso fin a inicio de esta semana al programa humanitario denominado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), vigente desde 2001 y que daba un amparo migratorio a los ciudadanos de esa nación centroamericana y sus familias que residían en Estados Unidos.
A partir de septiembre de 2019, muchos de ellos se verán en la encrucijada de regresar a su país de origen o continuar de forma ilegal en EE.UU., con la posibilidad de ser deportados en cualquier momento.
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El gobierno de El Salvador, no obstante, se muestra optimista de que en los próximos 18 meses (el plazo que dio Washington para cerrar definitivamente el programa) encontrarán una alternativa para que estas personas puedan legalizar de forma definitiva su estatus en territorio estadounidense.
En entrevista con BBC Mundo, el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, explicó que en los últimos tiempos, las autoridades de su país buscaron un doble canal para alcanzar una nueva prórroga del TPS y para canalizar en el Congreso estadounidense cuatro proyectos que puedan ayudar a los salvadoreños afectados.
“Hubiéramos querido un mejor resultado, como las prórrogas que indefinidamente se han venido dando, pero estos 18 meses nos dan un tiempo prudencial para seguir hablando en el Congreso (de EE.UU.)de buscar una legislación para que se dé el paso de la temporalidad a la residencia”, explica.
De acuerdo con el canciller, a la par, su gobierno trabaja en otras alternativas para evitar la deportación de sus compatriotas.
“Estamos trabajando ya desde el año pasado en dar asesoría legal a muchas personas que podrían cambiar su estatus en Estados Unidos ahora mismo sin necesidad de una nueva legislación“, comenta.
Pero lo cierto es que los temores sobre lo que pueda pasar a partir de septiembre de 2019 y la férrea política antiinmigrantes de Trump llena de incertidumbres a la comunidad salvadoreña.
Para muchos, la gran pregunta es qué pasará entonces y qué podrían encontrarse los que, finalmente, se vean obligados a volver al país donde nacieron.
Los efectos
Para Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, una organización que reúne a los migrantes salvadoreños en Estados Unidos, la respuesta sobre lo que sucederá es clara.
“La gran mayoría no va a regresar a El Salvador. Van a regresar a la clandestinidad, porque es preferible huir de los agentes de migración que huir de las pandillas“, asegura a BBC Mundo.
Para Alvarado, el retorno no constituye una opción para la mayor parte de ellos, no solo porque han hecho sus vidas y tienen sus hogares y familias en Estados Unidos, sino por las propias condiciones de inseguridad, pobreza e inestabilidad que vive El Salvador, considerado uno de los países más peligrosos del mundo.
“Obligarlos a regresar sería forzarlos a empezar a aprender a vivir de nuevo, en unas condiciones para las que ya la mayor parte de ellos no están preparados”, opina.
Para este representante de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos, aunque esperada, la decisión no deja de ser negativa, tanto por las personas afectadas como para el propio sistema económico, político y social de El Salvador.
Ariel Ruiz, investigador del Migration Policy Institute, un centro de estudios especializado en temas migratorios con sede en Washington, considera que los efectos del fin de esta política en el país centroamericano se darán a largo plazoy podrían tener un impacto a gran escala en su estabilidad.
De acuerdo con el especialista, uno de los primeros efectos será la disminución de las remesas, una fuente de ingresos que representa casi el 17% del PIB de El Salvador y que solo en 2016 sumaron un monto de US$4.576 millones.
“El paso a la ilegalidad supondrá que estas personas tendrán que optar por trabajos ilegales donde ganen menos. Y al ganar menos, también serán menores las remesas que enviarán”, opina.
Ruiz considera que esto, a largo plazo, podría conllevar:
- un decrecimiento de la economía salvadoreña y una reducción del PIB
- una reducción de los recursos del gobierno
- un aumento de la pobreza y la desigualdad
- cierre de programas sociales
- aumento de las condiciones de inseguridad.
“Al generarse menos dinero, menos prosperidad y menos recursos, las condiciones para que se deteriore la estabilidad son muy elevadas. Lo vemos como un efecto dominó, que puede dar paso también a que aumente la violencia y las tasas de crimen que ya son de por sí muy altas. Al final podría conducir a un país más pobre, más desigual y más violento”, considera.
César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, explica a BBC Mundo que los efectos negativos del fin de este estatus obedecen, en gran parte, a que su nación no ha logrado diseñar un plan de desarrollo y ha acomodado su economía en gran medida al dinero que envían sus emigrados.
“Este es gran un problema para el país y es necesario buscar alternativas para poder entender esta nueva realidad y para poder transformar sus procesos de diseño participativo”, considera.
Pero si bien los analistas y políticos entrevistados por BBC Mundo descartan la posibilidad de una deportación masiva, también reconocen que será inevitable que muchos de ellos se vean obligados a regresar.
¿Qué les esperará a estas personas cuando, eventualmente, cuando vuelvan un país que muchos de ellos abandonaron hace casi dos décadas?
Los deportados
El canciller Martínez reitera que, pese a los anuncios del gobierno de Estados Unidos, una deportación a gran escala, dado el número de personas, es inviable desde el punto de vista práctico.
“No se puede dar una deportación masiva porque es imposible desde el punto de vista logístico y no es el término en el que hemos conversado con el gobierno de Estados Unidos” sostiene.
El ministro ejemplifica que, para trasladar a El Salvador a unos 20.000 deportados en 2016 se requirieron cinco vuelos semanales durante todo el año.
“Si eso se quisiera extrapolar a una cantidad de 200.000 personas, sería logísticamente imposible realizarlo de la noche a la mañana”, comenta.
Sin embargo, aunque reitera que su gobierno seguirá buscando opciones y oportunidades para regularizar el estatus de sus compatriotas en Estados Unidos, la posibilidad de que una gran cantidad de ellos se vean obligados a regresar a El Salvador es también una posibilidad.
“Esto será un drama humano muy fuerte porque estarán volviendo a un país que no tiene la capacidad de insertar a esas personas de una forma participativa en las dinámicas de la sociedad”, asegura Pablo Alvarado.
De acuerdo con el líder de los migrantes, a nivel social, estas personas se enfrentarán con “un estigma muy grande” prevaleciente en esa sociedad: la tendencia a relacionar al que vuelve con un delincuente.
“Cuando estas personas intentan insertarse al mundo laboral, son calificados como criminales. Se cree que han hecho algo malo en Estados Unidos y que por eso han sido deportados. Y por tanto no los aceptan en muchos trabajos”, considera.
Pero no será ese el único desafío al que se tendrán que enfrentar.
“El Salvador tiene también una situación económica muy difícil, con un déficit en el campo laboral. El país no logra contratar toda la mano de obra con la que ya cuenta, por lo que alguien que venga de afuera se tendrá que encontrar con esta realidad, y le va a ser muy difícil insertarse laboralmente”, sostiene por su parte el especialista del Migration Policy Institute.
Pero para César Ríos lo más difícil de todo será el difícil paso del regreso.
“En el país nunca se ha hecho un esfuerzo para entender las fases del retorno, el drama humano que les toca vivir a estas personas después de haber sido deportados y obligados a abandonar sus hijos y sus hogares en Estados Unidos”, considera.
“Esa parte humana no está siendo abordada y muchas veces no aceptamos que tanto si los deportan como si quedan ilegales allí, se volverán unos marginados a nivel social“, considera.