La sanción del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) a Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), ha causado un fuerte impacto en la opinión pública y preocupación por las consecuencias que podría tener para Nicaragua. Sobre todo si, como se espera, se extienden las sanciones a otros cabecillas del régimen orteguista y se aprueba por fin la Ley Nica Act.
Se dice que la sanción de los EE.UU. no es a Nicaragua, sino a Roberto Rivas personalmente. Pero Rivas es presidente de uno de los poderes del Estado y quizás el funcionario estatal que mejor refleja la naturaleza del régimen de Daniel Ortega, el cual, para todos los efectos formales y legales, representa a Nicaragua ante la comunidad internacional. De manera que aunque la sanción sea personal contra Rivas, castiga de manera indirecta al régimen orteguista y perjudica la imagen de Nicaragua.
Sin embargo, Ortega no quiere darse por enterado del asunto a juzgar por el silencio absoluto que guarda al respecto. La vicepresidenta y vocera gubernamental, quien habla cada día de todos los asuntos propios y ajenos, no dice absolutamente nada sobre el castigo de EE.UU. al gran hacedor de fraudes electorales, a pesar de que han transcurrido más de 20 días desde que el 21 de diciembre pasado se diera a conocer la sanción.
Algunos funcionarios del Gobierno de segunda categoría, sin mencionar la sanción a Roberto Rivas se refieren al caso asegurando que nada perturba la estabilidad y el crecimiento de la economía y que seguirán aumentando las inversiones extranjeras, incluyendo las de EE.UU.
No obstante, economistas independientes pronostican que el 2018 no será un buen año para la economía nacional, precisamente porque las inversiones extranjeras se desalentarán por las sanciones estadounidenses.
En realidad, es una tontería negar que las sanciones tienen y tendrán un impacto negativo en Nicaragua, particularmente en el sector de la economía. Independientemente del afecto y agradecimiento de Daniel Ortega al sancionado presidente del CSE, por los muchos y valiosos servicios que le ha prestado, el Gobierno tiene que actuar de conformidad con los intereses nacional. Y aunque Ortega no quiera escuchar a nadie que no sea a él mismo, tenemos derecho y obligación de decir públicamente que, por el bien de Nicaragua, la reacción a las sanciones debería ser positiva. La verdad es que si Ortega reaccionara con su anacrónico discurso antiyanqui, más bien agravaría la situación.
Lo que debería hacer Ortega es sacar a Roberto Rivas del CSE. Pero no solo eso. Como hemos dicho antes, poner a Lumberto en vez de Roberto no resuelve nada. Ortega debería valorar las sanciones como una oportunidad que se le abre para impulsar un proceso de verdadera reforma del sistema electoral, como primer paso para comenzar a regresar al país al camino de la institucionalidad.
Eso es lo que le han demandado a Ortega con paciencia e insistencia, la Iglesia católica, el sector empresarial no orteguista, los partidos de oposición y los movimientos democráticos de la sociedad civil, incluso la OEA.
Y no tiene, Ortega, excusas para negarse a hacer esas reformas.