La sanción que Estados Unidos le impuso al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, obligó a la banca local a cerrar las cuentas y devolver el dinero que el funcionario mantenía en su carácter de persona natural.
Pero según especialistas financieros locales, las cuentas que maneja en representación del poder electoral no tienen que ser afectadas por esta sanción y él podría seguir manejándolas sin problema.
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“Hicimos la consulta y efectivamente como la sanción que tiene el señor Rivas es a título personal, por ende sus representaciones actuando en nombre del Consejo Supremo Electoral no tienen nada que ver, porque el CSE es otra entidad y la sanción no va contra esa institución que él representa”, explicó uno de los especialistas consultados.
Y añadió que la sanción no le impide continuar realizando las transacciones bancarias cotidianas de la entidad que representa. Por tanto, considera que tampoco está obligado a renunciar al cargo. A menos, que por una decisión ética él decida hacerlo.
Amparado en la Ley Magnitsky, el 21 de diciembre pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Rivas junto con otras 12 personas de diversos países, a las que señala de violar los derechos humanos y cometer actos de corrupción.
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La sanción impide a Rivas establecer relaciones con individuos o compañías estadounidenses y a través de la revocación de la visa, se le prohíbe el ingreso a Estados Unidos.
Otro de los especialistas consultados coincide en que la sanción se impuso a Rivas como persona natural, pero no afecta las transacciones que puede realizar como persona jurídica. Sin embargo, considera que por “precaución”, los bancos donde el CSE tenga cuentas podrían pedir a Rivas que cambie de representante (o firma libradora).
La Ley Electoral
La Ley Electoral establece entre las atribuciones del presidente del CSE “ejercer la representación oficial y legal” de la institución.
“Él puede nombrar como firma libradora al director financiero o al vicepresidente, lo que va a quedar sin efecto es la firma de él ante los bancos para desvincularlo de las transacciones”, señala otro de los especialistas financieros que pidieron no ser citados.
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LA PRENSA buscó la versión de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero su encargado de Relaciones Públicas, Ramón Morales, dijo que estaba en una reunión y que no podía atender la solicitud, pero prometió responder posteriormente.
Zelaya: compromete la imagen del CSE
Por su parte, la expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, dijo que la sanción impuesta a Rivas compromete la imagen de esa institución, por lo que considera que lo mejor sería que Rivas se aparte del cargo, mientras se realizan las investigaciones.
Zelaya explicó que todas las responsabilidades administrativas recaen en el presidente del CSE, por ser el representante legal de esa institución, lo que implica que tiene que dar la cara para pedir cooperación ante las embajadas, que generalmente financian proyectos de cedulación o asistencia técnica.
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“Hay una situación delicada para él (Rivas) y quiera o no quiera compromete al propio organismo, porque al ser él el representante legal o la cara visible del CSE, debe ser muy incómodo sentarse a hablar con el embajador de Estados Unidos, que es un país que ha ayudado mucho al CSE o con otros embajadores”, dijo Zelaya.
La exfuncionaria supone que el vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell, está asumiendo la labor administrativa del CSE.
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Esto, porque Campbell fue uno de los magistrados a quien se le vio en la entrega de credenciales a los alcaldes, vicealcaldes y concejales del departamento de Managua, acto en el que siempre había participado Rivas en los más de 15 años que lleva siendo presidente del CSE, aunque Rivas lleva siendo magistrado electoral 22 años.
Gobierno calla
El Gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la sanción impuesta por Estados Unidos al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. Este jueves, Edwin Castro, jefe de la bancada del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional, dijo que desconoce la sanción a Rivas.
Este poder del Estado es el responsable de elegir a los magistrados del poder electoral para un período de cinco años y es a través de la asamblea que Rivas tendría que renunciar, si es que decide hacerlo.