El asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, preguntó este viernes a periodistas nacionales cuáles son los actos de corrupción o de violaciones de derechos humanos que ha cometido el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 21 de diciembre pasado.
La sanción fue impuesta en el marco de la Ley Magnitsky, que castiga a corruptos y violadores de derechos humanos, y hasta ahora ningún funcionario de la alta jerarquía sandinista se había referido al tema.
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“No sé lo que está pensando el Gobierno (de Nicaragua) en ese campo (sanción a Rivas), de momento ese es un tema individualizado. Estados Unidos, en otro arrebato imperial, decide que hay otras 13 personas en el mundo que son corruptas y violadoras de derechos humanos”, dijo Arce, cuando los periodistas le preguntaron qué hará el Gobierno ante la medida anunciada.
El 21 de diciembre pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló en un comunicado, al explicar las razones de la sanción a Rivas, que había denuncias en los medios por acumular riqueza y también porque “ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”.
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“OEA dijo otra cosa”
Los periodistas le recordaron a Arce el tema del fraude electoral, pero inmediatamente el asesor presidencial intentó callarlos. “Usted dice que hay fraudes electorales, pero la OEA dice otra cosa”, ripostó.
Arce se refería al informe que la Organización de Estados Americanos (OEA) rindió sobre las votaciones municipales, las cuales observó por invitación del gobierno de Daniel Ortega, en el marco de las conversaciones que sostienen desde octubre de 2016.
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El asesor económico tampoco quiso responder a los periodistas sobre las reformas electorales que Ortega prometió para este año, un día después del informe preliminar positivo de la OEA. Arce dijo que era un tema que deben preguntar a los diputados.
Costa Rica lo investiga
Mientras en Nicaragua el Ejecutivo asumió la defensa de Rivas, a través de Arce, en Costa Rica lo están investigando.
La Fiscalía de ese país, donde Rivas tiene valiosas propiedades, anunció el pasado 9 de enero una investigación por legitimación de capitales contra el funcionario nicaragüense.
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De acuerdo con el Ministerio Público de ese país, abrieron la investigación luego de analizar unas publicaciones compartidas “por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”.
Rivas es magistrado electoral en Nicaragua desde 1995 y preside ese poder del Estado desde el 2000. Buena parte de su historia ha sido publicada en los medios de comunicación nacionales, historias en las cuales se ha señalado su participación en presuntos actos de corrupción.
Desde evasión fiscal hasta enriquecimiento
Según una auditoría del 16 de mayo de 2003, realizada por la Contraloría General de la República (CGR), la que nunca prosperó, la gestión de Rivas al frente de la Comisión de Promoción Arquidiocesana (Coprosa) era cuestionable.
Coprosa, el organismo de la caridad entonces de la Arquidiócesis de Managua, era manejada por Rivas desde 1981. Según el documento, entraron 6.4 millones de dólares en distintos productos, los cuales no pagaron impuestos entre 1998 y 2002.
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A Rivas se le ha señalado también de comprar mansiones, tanto en Costa Rica como en Nicaragua desde hace años. También se le señaló de adquirir 2.3 millones de dólares para compra de jets, en los cuales se movilizaba su familia.
Al sancionarlo, EE.UU. dijo que el magistrado Rivas gana 60 mil dólares al año como presidente del poder electoral. El funcionario no se ha pronunciado hasta ahora. Tampoco ha participado en los actos de juramentación de las autoridades municipales, los cuales debió hacer en su calidad de presidente del CSE.
Laura Dogu explica sanción de Estados Unidos
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, explicó este viernes que la sanción impuesta por su país al magistrado Roberto Rivas “fue contra una persona y no contra un país”.
“Obviamente va a tener un impacto, pero eso no fue el propósito. El propósito fue proteger el sistema financiero de los Estados Unidos de dinero que viene de fuentes de corrupción o también puede ser por violaciones de derechos humanos, pero en este caso de Roberto Rivas fue por la corrupción” , dijo la diplomática en la clausura de un evento.
Dogu también se refirió al proyecto conocido como Nica Act, actualmente en el Senado.
La diplomática explicó que esta iniciativa legislativa, patrocinada por senadores demócratas y republicanos, está enfocada en el tema del estado de derecho en Nicaragua y las relaciones de Nicaragua con Rusia y Venezuela.