La libertad para los más de 800 presos que en diciembre del año pasado ordenó el gobierno, no solo fue aplicada de manera diferenciada, sino que no tuvo ningún sustento legal, aseguran especialistas.
En el listado para ser puestos en libertad estaban los nombres de varios de los acusados por las protestas en rechazo a los resultados de las elecciones municipales, del 5 de noviembre pasado.
Por ejemplo, mientras en el Caribe Norte el mismo diciembre quince de ellos fueron puestos en libertad, otros seis en el Caribe Sur permanecieron detenidos hasta los primeros días de enero.
En este caso no solo fueron puestos en libertad varios días después, sino que bajo cambio de medida cautelar, explicó el diputado y líder indígena, Brooklin Rivera.
En un inicio cuando fueron liberados los más de 800 presos las publicaciones indicaban que fueron beneficiado bajo el régimen de “convivencia familiar”.
Sin embargo, Rivera habló que los presos fueron indultados en diciembre.
“Lógicamente no entendemos eso porque habíamos visto que eran indultos que se habían aplicados, en el sur hay otros elementos que están influyendo y no los quieren liberar del todo y que están casa por cárcel en Bluefields”, expresó Rivera.
Por su parte, la representante legal de Yatama en el Caribe Sur, Haidey Bautista, explicó que los seis acusados tienen que estar presentándose periódicamente, por tanto, no están del todo libre y significa que enfrentarán un juicio.
Los seis detenidos son ciudadanos oriundos de Corn Island, procesados en Bluefields, por un supuesto robo ocurrido el día de los comicios.
Bautista teme que haya presiones al Poder Judicial para los seis acusados no sean liberados, pues en Corn Island, hay una situación muy particular, dado que según esta la Alcaldía y la Policía del lugar supuestamente armaron a un grupo que “cazan a los miskitos, hacen persecución a los miskitos.
Esto lleva a decir a Bautista que la líder indígena, considera que la estrategia es que desaparezca la organización miskita, en Corn Island.
Libertad condicionada
“No están liberados solo puestos en libertad condicionada”, señaló el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, quien menciona el caso de Anastasio Antonio Rojas, acusado por el Ministerio Público de lesiones graves, por golpes a un menor de doce años, en San Jorge, Rivas.
Rojas a pesar que no había sido sometido a juicio fue beneficiado con un indulto, según lo que conoció el padre de la víctima, Juan Rayo Balmaceda, manifestó Carrión.
Para el funcionario del Cenidh esta fue una medida de Estado que tendría que haber sido ordenada al menos a través de un decreto presidencial.
“Hay un desmadre y tiene que ver con inseguridad jurídica que se resume en abuso de poder”, afirmó Carrión, quien manifestó que quienes tienen las llaves de las cárceles solo recibieron órdenes y fueron ejecutores de abrirlas.
La pregunta que se debe hacer, según Carrión, es bajo qué fundamento jurídico se ejecutó esta disposición pues los indultos no proceden en caso de ciudadanos sometidos aún a proceso judicial, como ocurrió con muchos de los liberados.
Asamblea otorga los indultos
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, expresó por su parte, que legalmente solo la Asamblea Nacional puede otorgar indultos. Cuevas explicó que hay antecedentes de casos con tratamiento similar donde las autoridades ejecutan estas órdenes pero dejan las causas abiertas, “como una manera de chantajearles” a los beneficiados con las mismas”.
Gonzalo Carrión considera que “esas libertades (de reos), son la expresión del absolutismo del poder concentrado, porque jurídicamente en materia procesal debe regirse por los principios de legalidad”.
Cuevas recordó que en el caso de los liberados de San Dionisio un juez mandó a cambiar las medidas por libertad condicional.“ Con este tipo de disposiciones, “Después del atropello que se le hizo a esos ciudadanos que están enfrentando esos procesos la ley sale atropellada también”, sostuvo Cuevas.