Más de cuarenta mil quejas por el servicio de energía en el 2017

El Instituto Nacional de Defensa al Consumidor destaca que de las 65 mil denuncias que se recibieron, se le logró dar respuesta al 51 por ciento.

Servicio de energía

Pobladores frecuentemente se quejan por el servicio de energía. LAPRENSA/ARCHIVO

Durante el 2017, el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec) recibió 65 mil denuncias, de los cual solo 42,185 fue por diversos problemas en el servicio de energía.

Marvin Pomares, presidente del Indec manifestó que cada año el número de denuncias en este sector aumentan, debido a que la empresa distribuidora no está prestando un buen servicio.

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“La gente se está quejando por el servicio de energía, ustedes recordarán que Disnorte-Dissur dio una amnistía para que la gente se auto denunciara, habían alrededor de unos 320 mil ciudadanos ilegales y se auto denunciaron 25 mil ciudadanos, pero ¿qué pasa? de eso 25 mil ciudadanos, todavía hay personas que no han puesto los medidores y ya tenemos cuatro años”, dijo Pomares.

Señaló que mientras los usuarios se quejan de las altas facturaciones, las malas lecturas, la suspensión del subsidio, la empresa distribuidora de energía se queja de las pérdidas que tiene por el robo de energía.

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“Pero van seguir teniendo pérdidas sino invierten en legalizar a los usuarios; ellos hablan que tienen pérdidas del 21 por ciento que equivalen a sesenta millones de dólares al año y que una parte de eso lo debe poner el gobierno, nosotros creemos que esta trasnacional ya debe darle solución a la población como tal, ya tiene mucho tiempo de estar por acá y de no invertir, aquí vos te vas a encontrar un sinnúmero de postes en mal estado que no los han cambiado, ustedes verán que con una pequeña lluvia la gente se queda sin energía”, sostuvo.

Recomendó que el INE y el MEM, estudien la situación y traten de buscar una solución, porque no es sano para el país y la población se vea afectada por esta empresa.

Otras denuncias

Según el informe, después de las denuncias por el servicio de energía, le siguen las quejas por el servicio de agua, donde hay 5317 denuncias.

“En el caso del agua hay 250 mil familias que tienen problemas con el agua, en algunos lugares llega una vez a la semana, en otra llega dos horas o por la noche, es un problema serio, pero la semana pasada nos dimos cuenta que viene un megaproyecto y si este megaproyecto viene a resolver el problema de 250 mil familias, pues bienvenido sea”, dijo Pomares.

Pero además hay denuncias por el mal servicio de transporte, la atención de los jubilados en los centros asistenciales, quejas en los mercados, productos vencidos en los supermercados, alto cobro en micro financieras, mal servicio en la telefonía, entre otros.

El Indec destaca que de las 65 mil denuncias que se recibieron, se le logró dar respuesta al 51 por ciento.

El Indec el año pasado recibió 58 mil denuncias, la mayoría de estas fue por la alta facturación en los recibos de energía eléctrica.

El papel de los entes reguladores

El año pasado el Indec realizó un plantón demandando a los diferentes entes reguladores que cumplan con su rol de controlar, regular y fiscalizar la prestación de los servicios públicos a la población.

“Nosotros como usuarios y consumidores creemos que los entes reguladores no están haciendo bien su trabajo, el Mific no está controlando las pesas, Telcor no está controlando los cobros ilegales en la telefonía móvil, porque vos metés cien córdobas y te cobran 110, igual el INE y INAA”, sostuvo Pomares.

Los derechos por ley

Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias establece una serie de sanciones para quienes no cumplan la ley, sin embargo muy pocos usuarios conocen sus derechos establecidos en esta ley.

Los consumidores tienen derecho a elegir la protección, información, compensación, educación, a la seguridad y calidad, y no ser discriminados.

La Ley 842 entró en vigencia en julio del 2013 y reemplazó a la ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores, aprobada en 1994.

Recientemente fue rechazada la iniciativa de reforma a la ley 842, la cual incorporaba regulaciones en sectores como empresas médicas previsionales, telecomunicaciones y urbanizadoras.

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