Entre los ejes principales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para el 2018, aprobados por el Consejo Directivo de la Institución el 20 de diciembre del año pasado, se establece: “Asegurar la estabilidad financiera del INSS, introduciendo los cambios necesarios para ajustar los gastos de pensiones, gastos de salud y gastos administrativos a los ingresos que se recaudan”.
En el caso del Programa IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), dado que el mismo ya alcanzó su madurez, es decir la fase en que los costos por el pago de pensiones comienzan a crecer con suma rapidez, “el ajuste de los gastos por pago de pensiones a los ingresos recaudados” implicaría llevar a cabo una serie de “reformas paramétricas”, entre las cuales un paquete estándar podría contemplar:
1. Aumentar la edad de jubilación y el número de semanas requeridas para jubilarse:
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Esto tendría un impacto sumamente adverso sobre las posibilidades de llegar a retirarse, y para quienes llegasen a hacerlo, reduciría el periodo durante el cual recibirían pensión.
2. Desvincular la pensión inicial del salario mínimo.
En la actualidad se establece que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo industrial. Gran parte de las pensiones, al calcularse su monto aplicando la fórmula de cálculo, resulta con un monto inferior al salario mínimo, en cuyo caso el monto de la pensión inicial se ajusta hacia arriba, hasta el nivel de dicho salario.
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La medida de desvincular la pensión inicial del salario mínimo, implicaría que las pensiones pasarían a establecerse estrictamente conforme a la fórmula de cálculo, de manera que una parte importante de ellas quedaría por debajo del salario mínimo.
3. Modificar la fórmula de cálculo de la pensión, para reducir el monto de la pensión resultante.
La pensión puede reducirse disminuyendo el factor por semanas cotizadas en exceso a las obligatorias, o el factor base. Este procedimiento ya fue utilizado en la reforma de diciembre de 2013, la cual redujo el monto de las pensiones hasta en 12 por ciento de lo que hubiesen sido sin esa reforma. En conjunto con el punto 3 (anterior), estas medidas podrían reducir el monto de las pensiones hasta en 20 por ciento de lo que sería en la actualidad.
4. Extender el periodo en base al cual se calcula el salario base.
En la actualidad, el salario base para calcular la pensión se estima en base al salario promedio de los últimos cinco años si se han cotizado entre 750 a mil semanas, y de los últimos cuatro años si se han cotizado entre 1001 y 1,249 semanas. Si se extendiese aún más el número de semanas requeridas para calcular el salario base, la pensión resultante también podría reducirse drásticamente (el salario base se calcula promediando los salarios en córdobas, los cuales, medidos al tipo de cambio actual, se reducen rápidamente mientras más se extiende el tiempo hacia atrás).
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En el caso del Programa Enfermedad-Maternidad, reducir los gastos por pago de prestaciones médicas implicaría, ya sea reducir la lista de medicinas que se puedan entregar, o reducir el listado de patologías que se pueden atender, o ambas cosas a la vez.
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Se ha dicho que con reducir los altos gastos administrativos sería suficiente. Lo cierto es que, aunque se eliminase el gasto excesivo, las proyecciones actuariales muestran un crecimiento explosivo de los déficits a partir de ahora, y esos déficits proyectados solo se refieren al Programa IVM, porque no se han hecho proyecciones para los déficits del Programa que presta atención médica (Enfermedad-Maternidad), que es aquel cuyos costos están creciendo más rápidamente debido a la rápida expansión de las patologías crónico-degenerativas, típicas de la transición epidemiológica.
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Por otra parte, si solo se depende de reformas paramétricas, apenas se prolongaría el periodo de solvencia por algún tiempo, y luego habría que implementar otras más drásticas todavía, y así sucesivamente.
(*)Economista