El asesor económico presidencial y antiguo comandante de la revolución sandinista, Bayardo Arce Castaño, calificó de “arrebato imperial” la sanción de los Estados Unidos (EE.UU.) a Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua. Y agregó que los EE.UU. “se creen los dueños del mundo”.
Arce dijo tal cosa a los periodistas el viernes 12 de enero, pero aclaró que esa era su opinión personal, no la posición del gobierno. De manera que 37 días después de que se anunció la aplicación de la Ley Magnitsky a Roberto Rivas Reyes, el gobierno de Ortega y Murillo sigue sin pronunciarse sobre el caso, a pesar de que la sanción afecta al régimen orteguista en su conjunto porque el sancionado es presidente de uno de los poderes del Estado.
Se entiende que Bayardo Arce dijera que no hablaba en nombre del gobierno. En el rígido sistema de información orteguista son muy raros los funcionarios que pueden opinar en representación gubernamental. Por lo general ni siquiera les permiten hablar sobre asuntos que son de su legal y estricta competencia oficial.
Sin embargo, aunque Bayardo Arce no se atreviera a hablar en nombre del gobierno, solo a título personal, es obvio que su opinión de que la sanción al presidente del CSE ha sido un “arrebato imperial” de los EE.UU., representa el pensamiento de la cúpula orteguista. Esto se puede deducir de los antecedentes del FSLN como enemigo implacable de “el imperio” (como los orteguistas suelen llamar a los EE.UU.) y su tradicional lenguaje político antiestadounidense.
Que la sanción contra Roberto Rivas es un “arrebato imperial” de los EE.UU. significa un argumento sin consistencia. En vez de una respuesta seria es un exabrupto reactivo. Si fuese que Estados Unidos impone sanciones como la de Roberto Rivas porque es un imperio que “se cree dueño del mundo”, como dice Arce, ¿por qué solo castiga a personajes de regímenes dictatoriales como los de Venezuela y Nicaragua? ¿Por qué no sanciona a funcionarios gubernamentales de los países democráticos? Si el gobierno de los EE.UU. se cree dueño del mundo, ¿por qué no le aplica la Ley Magnitsky al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, o al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, solo a Roberto Rivas del fraudulento CSE de Nicaragua?
Al margen de la discusión de que si EE.UU. tiene derecho o no a sancionar a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos alrededor del mundo; o que si sufre de calentura nicaragüense o es instigado por el lobby cubano, el hecho es que Roberto Rivas Reyes ha sido sancionado expresamente por cometer fraudes electorales y enriquecerse desmesuradamente al amparo del Estado.
En Nicaragua desde hace tiempo hay una demanda pública, que incluye a la Iglesia católica y el sector privado, de que se debe reformar y sanear el sistema electoral. La sanción a Roberto Rivas es la oportunidad para impulsar reformas electorales que garanticen la celebración de elecciones justas y limpias en 2021, debidamente observadas por organismos independientes, nacionales e internacionales, como fueron las elecciones de 1990.