La directiva del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se quejó de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no le aprueba sus propuestas de leyes a pesar de que ese partido siempre vota a favor de todas las iniciativas del Ejecutivo.
La junta directiva de la Asamblea Nacional no tramitó las dos únicas iniciativas que la bancada del PLC ha presentado, una de las cuales prohibía la venta de bebidas energizantes a menores de 16 años de edad y una segunda iniciativa era la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana para establecer la gratuidad cuando se renovara la cédula de identidad por primera vez; así como extender el plazo de vigencia a las cédulas vencidas hasta el 30 de junio del 2019.
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La directiva la integran siete miembros, cinco son del FSLN, uno del PLC y uno de la bancada PLI-ALN; a estos se suman los tres jefes de bancadas.
María Haydée Osuna, tercera vicepresidenta de la Asamblea y Miguel Rosales, jefe de la bancada del PLC, afirman no poder contra la mayoría de legisladores oficialistas para que al menos las propuestas de esa bancada pasen a las Comisiones para que ahí decidan si son viables.
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Sin embargo, la bancada del PLC solo votó en dos ocasiones en contra de las leyes enviadas por el Gobierno en el 2017.
El año pasado se aprobaron 25 leyes, pero el PLC únicamente no respaldó la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional para reclamar una indemnización a Estados Unidos, a la que el Estado de Nicaragua había renunciado en 1991, durante el gobierno de la presidenta doña Violeta Barrios de Chamorro.
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La otra ley que no apoyó el PLC fue la Ley de clínicas móviles.
14 legisladores le fueron asignados al PLC en las votaciones de noviembre de 2016, cuyos resultados fueron denunciados de fraudulentos al no permitirse que participara la oposición creíble.
Rodríguez se queja de dictadura
Maximino Rodríguez, diputado y excandidato presidencial del PLC, señala a la directiva parlamentaria de “extralimitarse de sus funciones porque no debe entorpecer la formación de las leyes”, y que se actúa conforme “una conducta dictatorial”.
La diputada María Haydée Osuna dijo que en referencia al control de las bebidas energizantes los sandinistas alegaron que ese tema será regulado en la nueva Ley General de Salud, que sería impulsada este año. La reforma a la Ley de Identificación Ciudadana que será aprobada es la que el Gobierno mandó con trámite de urgencia para extender al 30 de abril del 2019 la vigencia de las cédulas vencidas.