De forma sorpresiva y dos meses después de graves señalamientos efectuados por diversos sectores de la sociedad a la actuación de miembros del Ejército de Nicaragua, sobre la masacre de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, el Gobierno publica un Libro Blanco sobre la incidencia delictiva en el país durante los últimos diez años.
El mismo se convierte en una justificación a las críticas recibidas en los últimos meses, para lo cual emplea una encuesta realizada entre el 28 de septiembre y 11 de octubre del 2017 por la firma M&R Consultores, en la que el Ejército de Nicaragua recibe una calificación de 88.9 por ciento como positivo en el área urbana y 87 por ciento en el área rural, al consultar a los encuestados si esta institución garantiza la seguridad en el campo.
“El Estado de Nicaragua y sus instituciones, en su función legítima de procurar la paz social y contener el accionar de estos grupos criminales, son señalados por algunos sectores como violadores de derechos humanos, quienes pretenden desacreditar las acciones operativas que el Ejército de Nicaragua y Policía Nacional ejercen en persecución de los elementos vinculados a estos delincuentes de alta peligrosidad”, señala el Libro Blanco.
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Al tiempo que emplea el Informe Global de Competitividad 2016-2017, del Foro Económico Mundial, para ejemplificar la buena posición que tiene Nicaragua en la región en materia de seguridad o el Barómetro Latinoamericano.
Y toma como referencia que en el último período las denuncias han disminuido, por ejemplo, reporta que hasta octubre de 2017 recibieron 68,744 denuncias, mientras que en 2016 fueron 97,089 denuncias.
LA PRENSA/ARCHIVO
Presentan Libro Blanco a diplomáticos
En la presentación del Libro Blanco a los representantes diplomáticos acreditados en el país, el canciller Denis Moncada Colindres dijo que “el crimen organizado y la narcoactividad internacional han intentado organizar bases de operaciones y rutas para trasiego y comercio de drogas en nuestro país”.
Y para ello “han buscado apoyo en la delincuencia común, afectando a pobladores, productores y miembros de la Policía y el Ejército que han perdido sus valiosas vidas cumpliendo con su deber patriótico”.
No obstante, en la introducción del documento apunta que “en Nicaragua la delincuencia no es el problema más importante. Como país, Nicaragua tiene la mejor situación en América Latina”.
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Y concluye que en Nicaragua “no existen cárteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico, no existen maras o pandillas. Nicaragua mantiene la tasa de homicidios más baja de Centroamérica (de) 7 por cada 100 mil habitantes”.
Por tanto, dice que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y referente en materia de seguridad en Latinoamérica.
Destaca que en las zonas rurales y montañosas de Nicaragua durante el período 2007-2017 los productores agrícolas han sido los más afectados por la actuación de los grupos criminales, que en distintos momentos han asesinado a 47 de ellos, afirma el documento.
Los casos que no toma en cuenta el Gobierno
La versión oficial no recoge casos señalados a la Policía o al Ejército de no haber sido investigados como la masacre de Las Jagüitas, la llamada operación Mochila Bomba, las muertes de Ciudad Antigua y solo coloca en la lista a uno de los masacrados en La Cruz de Río Grande.
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En otra parte del mismo resalta que desde hace diez años “pobladores y productores de los sectores fronterizos con Honduras, particularmente en la microrregión de Ayapal y del municipio de La Cruz de Río Grande, denunciaron ante las autoridades sentirse amenazados y atemorizados por la presencia de delincuentes de alta peligrosidad quienes estaban utilizando armas de fuego, llevando a cabo asesinatos, extorsión, abigeato, robo con intimidación, secuestro, lesiones graves, daños agravados, cultivo y comercialización de drogas y crimen organizado”.
Lista de abatidos
Coincidentemente el listado de sospechosos abatidos por operativos del Ejército mencionados en el Libro Blanco, han sido señalados en su momento de haber integrado grupos de rearmados con fines políticos en contra del Gobierno.
Entre ellos destacan Rafael Dávila Pérez, apodado el Colocho, una de las seis personas masacradas el 12 de noviembre del 2017 en La Cruz de Río Grande, junto a los dos hijos menores de Elea Valle, quien ha insistido en que este y su marido, Francisco Dávila, se habían armado en contra del Gobierno.
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Otros del listado son Enrique Aguinaga (a) “Invisible” y Gabriel José Garmendia Gutiérrez, apodado Yahob, de quien dice que “en el año 2007 se vincula a células del narcotráfico radicadas en Honduras, designándoles abrir rutas para el trasiego de marihuana desde la zona norte de Nicaragua”.
Asimismo, Joaquín Torres Díaz, alias Cascabel; Dennis Gámez Rugama, conocido por el apodo de Rigoberto; Bernardo Martínez Rojas, alias Zapoyol; Francisco Reyes Mendoza, apodado Cinco Pinos; Gerardo Jesús Gutiérrez Gutiérrez, conocido como el Flaco; Ramón Benito Guevara Ramírez, alias Infierno; José Inocente López Flores, apodado el Licenciado, y Martín Andino Rodríguez, alias Alfa.