Negativa de investigar a Roberto Rivas debería ser motivo de destitución de contralores

El exprocurador de justicia Alberto Novoa opina que el país no tiene una política de persecución de la corrupción por falta de voluntad política

Destitución de contralores, Robert Rivas

El presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, militante del FSLN. LA PRENSA/ M. ESQUIVEL

La conducta de los contralores de no investigar las denuncias en contra del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, bien podría ser motivo para que por lo menos un diputado promueva destituirlos en el Parlamento, según juristas consultados.

“Así como pueden elegirlos, también la Asamblea Nacional es el órgano competente para poderlos destituir”, dijo a LA PRENSA el expresidente del legislativo Cairo Manuel López, abogado constitucionalista.

“Claro, para eso se requiere una voluntad política por parte de la Asamblea Nacional y cualquier diputado podría presentar una iniciativa, pero no se ha visto a ninguno de los diputados de la oposición oficial gestionar en ese sentido”, dijo López.

El abogado constitucionalista especificó que los diputados tienen facultades para destituirlos amparados en el artículo 138 de la Constitución Política.

El presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, militante del FSLN, dijo hace dos días a 100% Noticias que no estaba interesado en averiguar si el presidente del CSE —Roberto Rivas Reyes— tenía casas, yates y autos de lujo.

Lea además: Contraloría no tiene ningún interés en investigar a Roberto Rivas

Rivas fue sancionado en Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos y ninguna institución bancaria o empresa de ese país puede tener vínculos con él. En Costa Rica, donde posee cuatro residencias de lujo, la Fiscalía abrió la semana pasada una investigación en su contra por lavado de dinero.

Pero en Nicaragua ni la CGR, ni la Procuraduría, que es el abogado del Estado, ni la Fiscalía han iniciado una investigación.

El exprocurador de justicia Alberto Novoa opina que el país no tiene una política de persecución de la corrupción por falta de voluntad política.

La metamorfosis del contralor Luis Ángel Montenegro

El contralor que defendió a capa y espada a Rivas fue hace unos 16 años un férreo crítico de Rivas.

El periodista Luis Galeano, director de Café con Voz, que por aquellos años cubría la Contraloría, recuerda que en una ocasión Montenegro anunció que el presidente del CSE tenía una responsabilidad penal en una auditoría.

“Primero dijo que tenía presunción de responsabilidad penal y después se ausentó de la sesión donde decidieron no aprobar la presunción de responsabilidad penal, argumentando que no se ensuciaba”, relató Galeano.

“Él dijo que no se iba a ensuciar para proteger a alguien como Rivas, pero poco a poco se ha venido ensuciando, pues ahora hasta lo defiende, no le llama la atención que tenga yates, aviones, mansiones”, precisó el periodista.

LA PRENSA llamó a Montenegro a su despacho, pero su asistente dijo que no estaba.

La percepción de Montenegro cambió cuando Rivas se convirtió en aliado del FSLN. “Solo los ríos no se devuelven”, le dijo en una ocasión a Galeano.

La protección a Roberto rivas

Roberto Rivas se convirtió en aliado del FSLN después que los contralores engavetaron una investigación en su contra por corrupción.

Galeano recuerda que en una ocasión solicitó la declaración de probidad de Rivas y los contralores sandinistas lo protegieron.

“Una vez hasta se perdió, dijeron que se había perdido, que alguien la había sustraído de la Contraloría y no sabían quién era la persona que la había sustraído”, explicó.

“En diferentes momentos han habido solicitudes de particulares queriendo saber el monto de su patrimonio y siempre ha habido una negativa de parte de la Contraloría, argumentando que hay dos maneras: una que lo apruebe el Consejo Superior, algo que no han querido hacer, y otro que Rivas lo apruebe”, dijo Galeano.

El artículo 155 de la Constitución Política establece que la CGR está obligada a establecer un sistema de control para proteger los bienes públicos de capital público. |

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