Con el Libro Blanco sobre la actividad delictiva en el país el Gobierno pretende encubrir asesinatos cometidos por policías y militares que han quedado en impunidad, bajo el alegato de que es para garantizar la seguridad y la lucha contra grupos delictivos en Nicaragua, opina el general en retiro Hugo Torres.
“Lo que ha sido una creciente impunidad de policías y militares involucrados en crímenes de esta naturaleza, el Libro Blanco pretende encubrirlo y casi justificarlo. En aras de la lucha contra estos grupos, todo se vale”, afirmó Torres.
Masacre de La Cruz de Río Grande
Y sobre todo, dice Torres, “sacan este Libro Blanco en momentos en que hay un gran rechazo de la población por los crímenes de La Cruz de Río Grande, principalmente. Y por la muerte de los dos niños de doña Elea (Valle)”, sobre los cuales el Gobierno no dice nada.
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El documento oficial tampoco hace referencia, insiste Torres, a la forma en que se dio el supuesto enfrentamiento en La Cruz de Río Grande, donde resultaron muertas seis personas o sobre avances de la investigación del mismo, ni sobre la entrega de los cuerpos de los dos menores hijos de Valle.
A criterio de Torres, con el Libro Blanco, pese a la percepción de inseguridad existente en buena parte de la población, el Gobierno busca mejorar a nivel internacional su imagen de país más seguro, pero “no pueden ocultar que estamos en presencia de un crimen en el caso de La Cruz de Río Grande”.
En la introducción del Libro Blanco el Gobierno apunta que “en Nicaragua la delincuencia no es el problema más importante”, pues aduce que como país, “Nicaragua tiene la mejor situación en América Latina”.
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Y como sustento para su alegato de país más seguro, el documento oficial refiere que en Nicaragua “no existen cárteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico, no existen maras o pandillas”. Y mantiene la tasa de homicidios más baja de Centroamérica, de 7 por cada 100 mil habitantes.
Desconfían de cifras oficiales
El mayor en retiro Roberto Samcam desconfía de estas cifras, pues argumenta que en esa tasa de homicidios que afirma el Gobierno no incluye los homicidios cometidos por fuerzas del Estado, como por ejemplo, la masacre de La Cruz de Río Grande y si no se registran no existieron.
El especialista en temas de Seguridad, Roberto Orozco y Torres coinciden en que los informes internacionales, como encuestas de Latinobarómetro, que retoma el Libro Blanco para alegar la seguridad del país, se alimentan de cifras oficiales.
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“El Estado de Nicaragua es una fábrica de producción de información estadística sesgada, yo al menos no puedo confiar que tenemos niveles de seguridad mejores en Latinoamérica, porque no tenemos una medición independiente”, dice Orozco.
Torres resaltó que en una parte del documento comentan lo que calificó de “desliz” al darle a estos grupos carácter de fuerza beligerante, al calificarlos como grupos que se oponen al Gobierno.
“Les están dando una connotación política, aunque después digan que son grupos que se oponen al Gobierno involucrados en actividades del narcotráfico; los grupos involucrados en el narcotráfico no se oponen al Gobierno, no tienen una connotación política, ellos simplemente se dedican al negocio”, dice Torres.
El general en retiro cuestiona las contradicciones expresadas en el mismo como el hecho de que al hablar de narcotraficantes se refieren meramente al tráfico de marihuana y que hay corredores de la droga, lo que es “totalmente absurdo”.
Además dijo que comúnmente lo que mencionan que encuentran en poder a estas personas son bolsitas de marihuana, que, según aseveró, “les ponen las bolsitas de marihuana a los muertos”, como pretendieron ponerle al carro de la familia de Las Jagüitas para justificar los crímenes, dijo Torres.
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En otra parte del documento el Gobierno justifica sus acciones al aseverar que “el Estado de Nicaragua y sus instituciones, en su función legítima de procurar la paz social y contener el accionar de estos grupos criminales son señalados por algunos sectores como violadores de derechos humanos, quienes pretenden desacreditar las acciones operativas que el Ejército de Nicaragua y Policía Nacional ejercen en persecución de los elementos vinculados a estos delincuentes de alta peligrosidad”.
Política de exterminio
Samcam estimó que “la política de no aceptación de grupos beligerantes o de grupos armados con fines políticos conlleva a que haya una política de exterminio de estos grupos sin que medien derechos humanos ni denuncias ni capturas ni enjuiciamiento”.
La idea es hacer creer a la población que toda persona ultimada en el campo es narcotraficante, pero se contradicen al asegurar que no hay grupos organizados, afirmó Samcam. Dijo que a todas esas personas las vinculan con el narcotráfico y las denominan como bandas delincuenciales, pero en el campo la población sabe que son grupos armados con fines políticos.
“El informe es contradictorio en sí porque en primer lugar habla de muro de contención y en segundo lugar reconoce el establecimiento de redes criminales en el área rural de Nicaragua (…), porque está señalando que todos estos muertos estaban vinculados al narcotráfico en lo local”, dijo por su parte, Orozco.
Libro Blanco busca justificar crímenes, dice experto
Sin embargo, lo más peligroso, según Orozco, radica en que el Libro Blanco busca justificar los asesinatos en el campo, particularmente en relación “con el efecto y al impacto que ha causado la muerte de los niños en La Cruz de Río Grande” y las violaciones de derechos humanos.
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Orozco coincidió con Samcam en cuanto a que en el campo nicaragüense se aplican políticas de exterminio y de ejecución sumaria, lo que indica que “aquí todo rearmado que se levante por motivos políticos primero lo van a matar” y la justificación que van a dar es “lo matamos porque es narco”.
Quieren “engañar a la comunidad internacional”
El Libro Blanco no solo es para justificar las muertes de La Cruz de Río Grande, sino que Orozco asegura que busca “engañar a la comunidad internacional con datos fuera de toda credibilidad”, pues se aprovecha de que en el país “no hay ningún organismo independiente midiendo los niveles de seguridad con cifras reales”.
Y lo más grave, para Orozco, es que se está justificando la muerte de dos menores, calificándoles de delincuentes, cuando “la Ley en Nicaragua exime de responsabilidad penal a todo menor, o sea, que los menores muertos no son punibles por el Estado de Nicaragua”.
Orozco señala que con la muerte de estos menores el Estado violó convenios y acuerdos internacionales de protección de la niñez.