Lo que crece con más solvencia en Nicaragua son las remesas. Ya superan los 1,200 millones de dólares anuales, es decir, el dinero con sudores legítimos de tantos ciudadanos dispersos por todo el mundo que contribuyen a diario con la economía del país y con la triste realidad de los maltrechos hogares donde cunde el desempleo, la pobreza y la tentativa de la migración forzada. Pero estas mujeres y estos hombres, —de cuyos trabajos y sacrificios algunos personeros del gobierno actual se jactan como si fuese un logro propio y no producto de una comunidad laboral activa que no cesa ante la imposibilidad de aplicar políticas públicas eficientes y oportunas para todos—, son ciudadanos de tercera o de cuarta, o acaso de ninguna categoría, pues no tienen permitida la cedulación y por lo tanto no pueden votar, violándoseles este derecho humano y cívico ejercido en todas las naciones democráticas y decentes. A excepción de Uruguay pero por ancestrales alegatos constitucionales y Cuba, por obvias razones
Ante esta empatía de los nicas en el exterior con su terruño y su gente (la comunidad nicaragüense al margen de sus diferencias políticas y hasta familiares es muy unida entre los que viven fuera y los que están dentro), resulta injusta, visceral, anti Estado e inconstitucional el que no se haya llevado a la práctica este deber ciudadano, todo por caprichos políticos del gobernante partido sandinista y su amaestrado y leal Consejo Supremo Electoral (CSE).
La razón al oponerse es muy sencilla: el temor a que ese voto masivo antisandinista pulverice las desmedidas ambiciones continuistas del sandinismo. No hay otra razón de peso ya que incluso, los nicaragüenses en el exterior han dejado claro en más de una ocasión, de que si es por falta de dinero, ellos mismos estarían dispuestos a aportar para hacerlo realidad.
No se trata siquiera de juntar voluntades ni de promoverlo como iniciativa altruista o benefactora, ya que desde 1990 es Ley, es un derecho establecido en el artículo 122 de la Ley Electoral 331, bajo el marcado precepto constitucional de que todos los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho al sufragio universal, pero sigue siendo papel mojado para las máximas autoridades nacionales y para el deteriorado CSE.
Los argumentos son nulos. No tienen basamento legal ni impedimentos técnicos, y solo se requiere para su aprobación, la movilización y protesta cívica de los propios afectados así como un lobby internacional al más alto nivel para presionar al gobierno de Daniel Ortega, (más del 20 por ciento de la población total reside en el exterior), y del apoyo ciudadano nacional, para que sea incluida su inversión en el Presupuesto General de la República.
Es momento de subir la parada, de exigir lo que por ley le pertenece a la comunidad nica sin paraíso y sin voto.
Además, el mundo tecnológico viene acelerando el sentido práctico de la humanidad, y muchas burocracias técnicas podrían superarse con las tendencias modernas, como por ejemplo el voto electrónico y la sistematicidad diplomática pero nada de esto será realidad sin voluntad política, y esta no vendrá ni del CSE ni del FSLN, ni del empresariado complaciente ni de un gran sector de la clase política, pues ninguno ha demostrado voluntad ni plan de nación. Y un plan de nación inicia con la reivindicación del voto nica en el exterior.
El autor es escritor y periodista.