Grupo de los 27 exige renuncia de magistrado Roberto Rivas

Sostienen que existe la necesidad de una renovación de las estructuras electorales, pero además se pronuncian sobre la masacre de la Cruz del Río Grande

Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, es una de las 13 personas acusadas por el Ejecutivo de Estados Unidos de ser un violador de los derechos humanos y un corrupto, al amparo de la Ley Global Magnitsky. LA PRENSA / Óscar Navarrete

Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, es una de las 13 personas acusadas por el Ejecutivo de Estados Unidos de ser un violador de los derechos humanos y un corrupto, al amparo de la Ley Global Magnitsky. LA PRENSA / Óscar Navarrete

El Grupo de los 27 exigió este jueves la renuncia inmediata del magistrado Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras demandaron una renovación total de las estructuras de esta institución con «personas probas y plurales».

El Grupo está conformado por políticos, intelectuales, académicos y poetas. Entre sus miembros más destacados se encuentran el educador Carlos Tünnermann, la poeta Gioconda Belli, el periodista y empresario radial Fabio Gadea Mantilla, el economista Enrique Sáenz, el jurista Gabriel Álvarez, entre otros.

El doctor Carlos Tünnermann, uno de los miembros, comentó que «es curioso que mientras en otros países se están haciendo investigaciones y se sanciona a este señor (Roberto Rivas), aquí las autoridades no hacen absolutamente nada».

Miembros del Grupo de los 27, al momento de leer su comunicado este jueves. LA PRENSA/E.CHAMORRO

Rivas fue sancionado el 21 de diciembre pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a doce personas más a las que castigó en el marco de la ley Magnitsky, enfocada en personas involucradas en actos de corrupción y violación a derechos humanos.

El nueve de enero pasado, la Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación contra Rivas por el presunto delito de legitimación de capitales, «luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”.

Lamentan castigo desde afuera

Lamentaron que «sea desde afuera, mediante la Ley Global Magnitsky y la amenaza de la Nica Act que se emplace al Gobierno a frenar la corrupción y el desmantelamiento institucional del país».

Tünnermann expresó que Rivas «nos ha violado los derechos humanos de todos los nicaragüenses que no hemos podido tener una elección justa y transparente».

Lea además: Senadores de Estados Unidos incluyen sanciones de Roberto Rivas en Nica Act

El CSE, dirigido por Rivas, ha sido señalado de perpetrar fraudes electorales a favor del gobernante Frente Sandinista desde 2008. La Nica Act  es una ley actualmente en el Senado de EE.UU que se opone a que instituciones financieras internacionales otorguen préstamos al Gobierno de Nicaragua y exige que se tomen medidas para garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción.

Se pronuncian sobre masacre

El Grupo de los 27 también se pronunció sobre la masacre de la Cruz del Río Grande, ocurrida el 12 de noviembre pasado, en que el Ejército asesinó a seis campesinos, entre ellos dos menores de edad, a los que acusó de ser miembros de una banda de delincuentes.

Los intelectuales demandaron a las autoridades competentes un proceso legal y una explicación creíble frente a la masacre.

Asimismo exigieron una respuesta a la petición de doña Elea Valle, madre de estos menores, para que se le permita la exhumación de los cuerpos.

En su comunicado, condenan la gravísima partidirización tanto del Ejército como de la Policía

Cuestionan a pareja presidencial

El grupo de los 27 señala al gobierno de Daniel Ortega de ser el principal responsable del desmantelamiento de la democracia,  de las violaciones de los derechos humanos, de las oscuras relaciones con Rusia y de la corrupción «y turbios negocios con Albanisa».

«Condenamos la entronización de un modelo familiar  autoritario, con características dinásticas, que posee el dominio absoluto de todas las instituciones que deberían existir para el control y la supervisión de los abusos del Poderes Ejecutivo. La Asamblea Nacional, la Contraloría, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, han sido convertidos en instrumentos al servicio del régimen, en peleles obedientes, sin poder, ni autonomía», dice el comunicado.

 

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