La piñata municipal

Varios alcaldes opositores electos en noviembre del año pasado, denunciaron que las anteriores autoridades municipales orteguistas antes de entregar los cargos han saqueado sus alcaldías.

Según publicó LA PRENSA este jueves, los nuevos alcaldes opositores en municipios de Jinotega, Boaco y Estelí, denunciaron la sustracción de bienes y traspaso de propiedades municipales a entidades del Gobierno central, aparte de que les están dejando como herencia perversa deudas cuantiosas y abultadas planillas.

Lo que está ocurriendo en esas alcaldías trae a la memoria lo que pasó en 1990, cuando al perder el FSLN las elecciones y antes de que Daniel Ortega entregara el gobierno a doña Violeta Barrios de Chamorro, saquearon las instituciones gubernamentales y empresas del Estado.

Pero eso fue solo el comienzo. Después del cambio de Gobierno perpetraron la “piñata sandinista”, como se le llamó a la masiva y escandalosa apropiación indebida de residencias, tierras, haciendas, empresas y negocios estatales de todo tipo y tamaño. Aquello fue un saqueo sin precedentes que causó asombro y desprecio internacional. De la piñata sandinista nació en Nicaragua una nueva clase de ricos propietarios y empresarios que ahora se codean con la más alta burguesía tradicional, haciendo caso omiso del origen diferente y opuesto de sus riquezas.

Nunca se pudo saber el valor económico de todos los bienes y propiedades públicas y privadas que fueron rapiñados mediante la piñata sandinista. En un editorial de LA PRENSA publicado el 30 de abril de 2013, comentamos que según había revelado la Procuraduría General de la República, hasta esa fecha el Estado había pagado 1,300 millones de dólares por indemnización de la piñata sandinista. Se dice el Estado, pero en realidad quienes pagaron y siguen pagando por la piñata sandinista son los ciudadanos, los que con el aporte de su trabajo y sus impuestos sostienen el funcionamiento del aparato estatal y financian los gastos que se hacen en nombre del pueblo, incluyendo el derroche y la corrupción.

Pero, además, aquellos 1,300 millones de dólares eran solo para pagar a personas particulares, cuyas propiedades fueron confiscadas por la revolución y después se las apropiaron los antiguos revolucionarios sandinistas, sobre todo sus dirigentes altos e intermedios, civiles y militares. A esa inmensa suma de dinero hay que sumarle el no menos enorme valor de todas las propiedades y bienes que no fueron indemnizados, porque eran de la familia Somoza o porque pertenecían legítimamente al Estado.

Fue tan vergonzosa la piñata que algunos dirigentes sandinistas que se beneficiaron con ella, volvieron por su honor y devolvieron lo que no les pertenecía. Muchos otros que no participaron en el festín, asqueados por el gran latrocinio renunciaron a la militancia en el FSLN.

El saqueo municipal de ahora es prácticamente nada, comparado con aquella gran piñata sandinista de los años 90. Pero sirve para comprobar que el sandinismo orteguista no ha cambiado en el fondo. Solo simula ser distinto y mejor para engañar a los incautos, corromper a los débiles de convicciones éticas y perpetuarse en el poder.

La revolución de la honradez, por la que luchó Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, sigue pendiente en Nicaragua.