A través de un Acuerdo Ministerial publicado en el Diario Oficial la Gaceta, el Gobierno empezó por cumplir sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Acosta versus Estado de Nicaragua, al ordenar el pago de gastos, costas e indemnización causados por un largo proceso emprendido a nivel internacional ante la falta de justicia en el país tras el crimen de su esposo Francisco García Valle en 2002.
A casi diez meses de una sentencia emitida el 25 de marzo del año pasado por la Corte IDH que manda a pagar a María Luisa Acosta y sus familiares el Ministerio de Hacienda en su acuerdo ministerial dice que según la sentencia se ordenó al Estado a pagar a favor de María Luisa Acosta, Leonor Valle Estrada, Ana María Vergara Acosta, Álvaro Arístides Vergara Acosta, Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, (Cejudhcan), Centro nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y Corte Interamericana de Derechos Humanos, el equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial de la cantidad de 239,722.99 dólares, equivalentes 7, 381,286.61 de córdobas.
La sentencia establece que después de diez meses de transcurrida la sentencia el Estado deberá pagar intereses sobre el monto establecido a las partes.
Del monto que deberá pagar el Estado de Nicaragua, la mayor parte es destinada a Acosta con 107, 000 dólares más 20 mil dólares destinados a Calpi, el organismo que esta dirige.
En su sentencia la Corte IDH responsabilizó al Estado de Nicaragua por violación del derecho de acceso a la justicia en contra de María Luisa Acosta tras el homicidio de su esposo Francisco García Valle hecho ocurrido el 8 de abril del 2002 en Bluefields, Caribe Sur.
Nicaragua tuvo una insuficiente respuesta investigativa y judicial respecto del homicidio de Francisco García Valle, esposo de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta Castellón”, concluyó la Corte IDH en su sentencia, según un comunicado que ese tribunal publicó en abril del año pasado en su sitio web.
Acosta dijo que aún no les han hecho efectivo la entrega del dinero pero si ya le han comunicado la decisión de pago por parte del Estado, por lo que considera es un principio del cumplimiento de la sentencia y señaló que el pago de costas y gastos a lo largo de 15 años que duró el proceso, tan solo es parte de la sentencia emitida por Corte IDH que también ordenó abrir una investigación sobre el crimen en contra de su esposo, así como que sea creado un protocolo para la protección de defensores de derechos humanos en el país lo cual no se ha hecho.
Igualmente estableció que a los seis meses de la misma el Estado debió presentar un plan de trabajo sobre las acciones y las instituciones que implementarían la sentencia. Hasta ahora la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos han publicado en sus sitios web la sentencia. Aún falta que lo hagan el Ministerio Público y un resumen de la misma en el Diario Oficial La Gaceta.