El Gobierno en representación del Estado de Nicaragua demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), que desestime la implementación de medidas cautelares a favor de Elea Valle y sus tres hijos menores. Y para argumentar su pedido falseó la información de los dos menores víctimas de la masacre de La Cruz de Río Grande, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En su intento por justificar la acción ejecutada por miembros del Ejército de Nicaragua, el Gobierno alteró la edad de Francisco y Yojeisel Pérez Valle. A los dos menores los calificó de delincuentes y les puso seudónimos.
A Francisco lo llama “El Charnel” y a Yojeisel le atribuye el nombre de Ángela Tania Pérez Valle.
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En un documento enviado el 20 de diciembre del recién pasado 2017 ante la CIDH en respuesta a las medidas cautelares solicitadas a favor de Valle, el Gobierno alegó “que dichas medidas cautelares no tienen fundamento real basado en una supuesta persecución contra los peticionarios”.
Estado niega persecución
“El Estado de Nicaragua niega rotundamente que exista alguna persecución por parte del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional o de cualquier otro órgano del Estado en contra de la señora Elea Valle y de sus tres menores hijos”, insistió el Gobierno en su documento.
A pesar a que Valle ha sostenido que sus hijos contaban con la edad de 12 y 16 años, el reporte del Estado de Nicaragua dice que las edades eran de 14 y 17 años, respectivamente, e integraban la “agrupación delincuencial Colocho”, a la que le atribuye 18 hechos delictivos entre asesinatos, secuestros, extorsiones a productores y quema de bienes inmuebles, entre los cuales destaca un puesto policial.
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Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, que brinda acompañamiento a Valle, el hecho de alterar las edades de los dos hijos de Valle , “son maniobras torpes del Gobierno para tratar de minimizar la gravedad de los hechos”, sobre todo por el impacto que ha causado en diversos sectores de la sociedad el asesinato de dos menores.
“Ellos creen que es menos grave o que van a proyectar la imagen de menor gravedad matar a un niño de 12 o 14 años. El mismo delito y la misma gravedad significa el asesinato de un niño de 12 o de un niño de 14 años. Lo mismo sucede con la muchacha, la ponen de 17 años, es inimputable todavía”, dijo Núñez.
Y estimó que con el informe tratan de desviar la atención de las razones que asisten a Valle para sentirse perseguida y pedir protección.
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Sobre los hechos ocurridos el domingo 12 de noviembre de 2017, en el sector de San Pablo 22, La Cruz de Río Grande, el Gobierno informó de esta manera: a eso de las 5:40 a.m. de ese día, la patrulla del VI Comando Militar Regional en cumplimiento del Plan de Seguridad en el campo “interceptó a los delincuentes al mando del cabecilla identificado como Rafal Pérez Dávila, alias Colocho dándoles la voz preventiva de alto, Ejército de Nicaragua”.
Sin embargo, aduce que “éstos respondieron con armas de fuego realizándose el intercambio de disparos, al proceder los miembros del Ejército a hacer uso legítimo de sus arma de reglamento”.
“Producto del intercambio de disparos resultaron seis delincuentes muertos, entre ellos el cabecilla Rafael Pérez Dávila”, refiere el Gobierno ante la CIDH.
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Y añade que producto de este operativo ocuparon cuatro fusiles AK, dos escopetas, municiones, cuatro artefactos explosivos y veinte libras de marihuana “que tenían listas para ser comercializadas”.
“Sostiene la calumnia”
La defensora de derechos humanos expresó que en este informe ante la CIDH al calificar a los menores como delincuentes el Gobierno “sostiene la calumnia” y reitera la violación al derecho a la honra y reputación de las víctimas.
Por primera vez el Gobierno identificó a las seis víctimas de la masacre, pues recién ocurridos los sucesos únicamente identificaron al cabecilla a quien describen como “autor de asesinatos, robos con intimidación, extorsión a productores, tráfico de drogas y violación”.
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Esta vez, además de Colocho, identifican a Francisco Pérez Dávila, apodado Charro, hermano de Colocho; Efraín Jarquín Urbina y /o Erling Jarquín Obando, cuyos alias eran Gavilán y Águila, a quien también le atribuyen delitos similares a los de Colocho. También identifican a Dominga Pérez Moreno, quien –según las autoridades del Gobierno–, era la cónyuge de Charro. En la lista de abatidos aparecen los niños Francisco y Yojeisel.
Sostiene que la Policía se presentó al lugar “conformándose un equipo técnico de investigación” integrado por diez oficiales, entre ellos peritos de criminalística, de inteligencia y de vigilancia. Las autoridades del Gobierno afirmaron que el peritaje balístico demostró la presencia de productos nitrados (pólvora) en las manos de los fallecidos.
El discurso
“En nuestro país no existe ninguna situación de persecución, amenazas, hostigamientos o asesinatos a ninguna persona por parte de las instituciones estatales”, dice parte del informe del Estado ante la CIDH, que a su vez lo aprovechó para reiterar su discurso de que “Nicaragua es reconocido como uno de los países más seguros de la región”.
Sobre la demanda de Elea Valle en cuanto a la exhumación de los cuerpos, el Gobierno dice que lo hará una vez que transcurra “el tiempo necesario”, por criterios de salubridad pública.