Reos beneficiados con la convivencia familiar no se reportan ante jueces

Más de 800 privados de libertad fueron beneficiados con el régimen de convivencia familiar otorgado por el presidente designado, Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación

preso

LA PRENSA/ARCHIVO

El juez Carlos Silva Pedroza, titular del Juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio de Managua, se quedó esperando a la procesada María Elena Gómez Valle para leerle la sentencia condenatoria.

Gómez Valle, condenada por tráfico interno de droga, es uno de los 883 privados de libertad beneficiados con el régimen de convivencia familiar otorgado por el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, en diciembre de 2017.

Hasta este 18 de enero, la procesada y ninguna otra autoridad han informado al judicial sobre la situación legal de la interna, quien estaba en etapa de juicio al momento que las autoridades del Sistema Penitenciario le extendieron la famosa carta de libertad.

La procesada fue acusada en octubre del 2017 y en enero de 2018 terminó el juicio, pero en ausencia, porque ya no se presentó al juzgado.

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Este jueves fue la lectura de sentencia, donde el judicial la condenó a seis años de prisión por tráfico interno de estupefacientes, pues se probó en juicio que la procesada comercializaba marihuana en bolsitas plásticas. Además se le impuso 350 días multa.

Según los argumentos de la sentencia, Gómez Valle fue encontrada vendiendo marihuana en una silla de rueda y en ese momento la Policía le incautó 127 bolsitas plásticas conteniendo hierba verde que, de acuerdo con la prueba de laboratorio, dio positivo a marihuana.

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El judicial notificó la sentencia condenatoria a la representante del Ministerio Público y ordenó al secretario que mandara a notificar la sentencia a la dirección domiciliar de la condenada y de su abogado.

“Oficialmente a mí nadie me ha dicho nada, yo giré oficio al Sistema Penitenciario para que me diga qué pasó con la privada de libertad, pues en mi juzgado aparece como detenida en el Sistema de Mujeres”, dijo el juez Silva Pedroza.

No legalizan su situación

Este año, a diferencia de los anteriores (2017, 2016 y 2015) cuando el Gobierno ha otorgado libertad bajo “el régimen de convivencia familiar”, los privados de libertad se reportaban en grupos ante la autoridad competente (juzgados de juicio, de ejecución de sentencia y tribunales) para informar de su situación legal, pero ahora son pocos los que han llegado.

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“Lo correcto es que su abogado le redacte una carta sobre su situación legal y adjunte una copia de la carta de libertad entregada por el Sistema Penitenciario, de lo contrario, legalmente está abierto su proceso e incluso, si vuelve a delinquir se les suma la condena anterior con la nueva”, explicó un abogado consultado por LA PRENSA.