El embajador de Suecia en Guatemala, Ander Kompass, por cierto muy conocedor de Nicaragua y América Latina, fue requerido por la canciller de ese país para amonestarle por recientes declaraciones del embajador.
¿Qué dijo el embajador? Antes de citar sus expresiones, es bueno tener las circunstancias: en la sede de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), en ocasión de hacer público otro apoyo de Suecia a la Cicig por nueve millones de dólares, Kompass dio una conferencia de prensa.
Hay que recordar que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, accedió al cargo prometiendo luchar contra la corrupción, después que su antecesor, el presidente Pérez Molina ha terminado preso por la misma, pero al poco andar intentó sacar al jefe de la Cicig pues la Comisión había empezado a investigar por manejos ilícitos de dinero presupuestario a sus familiares. Entonces, es entendible, aunque de ninguna forma justificable, que la canciller del presidente Morales haya llamado al embajador sueco para amonestarle.
¿Pero… qué dijo Ander Kompass? Lo cito textualmente:
“Decir que la cultura es mala no está muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto, tampoco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por esto es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas disfuncionales, no la gente. Los cambios institucionales deben ser de una naturaleza tan integral que no solo cambian la percepción de un individuo de cómo jugar las reglas del juego, en una sociedad corrupta sino también, y quizá principalmente, hay que crear la percepción de que otros en su situación también están dispuestos a cambiar su comportamiento. Esto en otras palabras exige una medicina fuerte, y creo que en Guatemala esta medicina se llama Cicig. Muchas gracias”.
Lo que en buen cristiano dijo el embajador de Suecia en Guatemala es que el problema generado por la corrupción no está tanto en las personas o la cultura de un país determinado, sino en el ambiente institucional que fomenta la corrupción.
Si un gobierno fomenta la corrupción, habrá funcionarios y empresarios que se sientan incentivados a incurrir en la misma (como se interrogaba Sor Juana Inés de la Cruz, quién es más culpable, “la que peca por la paga o el que paga por pecar”), aunque la inmensa mayoría de funcionarios del gobierno y empresarios sean honestos.
Menos aún culpar a la cultura de un país de la corrupción, pues, como ocurre en Nicaragua, la inmensa mayoría de ciudadanos son honestos.
Todo lo anterior tiene pertinencia por la aplicación de sanciones a Roberto Rivas. No se trata solamente que él sea sancionado, por el gobierno norteamericano, por corrupción, aunque deba apreciarse que la Ley Magnitsky culpabiliza tanto a los corruptos como a los que violan los derechos humanos, y sin duda Rivas presidió, bajo órdenes de Ortega, la violación de un derecho humano fundamental, pues del mismo depende el sistema democrático en todo el amplio sentido de la palabra: el derecho al voto y que los votos se cuenten bien.
La conclusión de todo lo anotado es doble:
Primero, en los códigos penales de casi todos los países se asume que los ciudadanos se comportarán correctamente, y se sanciona a quienes violan ese principio el cual ha sido tipificado en diversas formas de delito.
Segundo, no falta únicamente que el gobierno sustituya a Roberto Rivas en la presidencia del Consejo Supremo Electoral (CSE), ni cambios cosméticos en otras instituciones del Estado, para satisfacer los estándares de honestidad y gobernabilidad democrática.
Ciudadanos de a pie, empresarios de todos los tamaños, y gobierno con todas sus instituciones, enfrentamos el reto de desandar el camino autoritario de la última década, reiniciar la construcción democrática que se ha interrumpido, y evitar mayores sanciones y conflictos.
Este texto es el discurso del autor en la presentación de la segunda edición de su libro, Pedro Joaquín: ¡Juega!