Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Mirta Carrión y Jimmy Blandón, afirmaron que en la última reunión de bancada se decidió que en la Comisión de Probidad y Transparencia pedirán se cite al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y al resto de magistrados para que se discutan los señalamientos de corrupción y fraudes electorales que pesan sobre esos funcionarios.
Sin embargo, el lunes pasado el presidente honorario y caudillo de ese partido, Arnoldo Alemán, descartó que pidieran acciones contra el magistrado Rivas, pues para él “los diputados no son ni policías ni investigadores” , y además alegó que esa acción sería bloqueada por los sandinistas al ser mayoría en la Asamblea Nacional.
El PLC es considerado colaboracionista del FSLN ya que respalda la mayoría de las leyes del Ejecutivo, pero, según la diputada Carrión, la Comisión de Probidad debe pedir explicaciones a Rivas y “cada funcionario está obligado a explicar y (a) defenderse sobre todos los señalamientos que se le hacen”.
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El legislador Blandón expresó que también buscarían la destitución de Rivas y del resto de magistrados.
La mayoría de la Comisión de Probidad está en manos del FSLN.
Navarro pide pruebas
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó en diciembre pasado al magistrado Rivas como parte de un grupo de 13 personas señaladas como abusadoras de derechos humanos y vinculadas a corrupción. La sanción se da en el marco de la ley Global Magnitsky, que autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a esas personas.
Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea y diputado sandinista, descartó que se acepte citar a Rivas y al resto de magistrados electorales de llegar a pedirla el PLC.
Para Navarro no hay pruebas contra los señalamientos del enriquecimiento ilícito de Rivas.
“¿Estados Unidos es el dueño del mundo? ¿Cuáles son las pruebas que tiene Estados Unidos? ¿Hay un juicio en Estados Unidos contra Roberto Rivas? ¿Hay un juez que lo esté procesando?”, cuestionó Navarro.
Rivas es aliado del presidente designado por el CSE, Daniel Ortega. Bajo su mando, el tribunal electoral ha sido señalado de perpetrar fraudes electorales desde 2008 para favorecer al FSLN. Pero además, pese a los señalamientos, nadie en el Estado le investiga.
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El presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, esta semana se declaró incompetente para hacerlo; una posición diferente a la de Costa Rica donde la Fiscalía abrió una causa penal contra Rivas por el presunto delito de legitimación de capitales.
Comisión de Probidad
La Comisión de Probidad la integran 11 diputados, de los cuales nueve son sandinistas y dos del PLC.
Si los liberales llegasen a oficializar la solicitud de citar a los magistrados del CSE, la mayoría que tienen los sandinistas le permitiría rechazar la medida.
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A través del control del poder legislativo, la bancada sandinista bloquea que los funcionarios públicos rindan cuentas. Ese fue el caso del jefe del Ejército, general Julio César Avilés, a quien la junta directiva se negó a citar para que explicara en la Comisión de Gobernación sobre las circunstancias en que murieron seis personas —dos de estas menores— en un operativo militar en la comunidad San Pablo 22, del municipio La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur. En la versión oficial, las autoridades dijeron que estas personas asesinadas eran parte de una banda de delincuentes, como llaman a los alzados contra Ortega.