¿Es correcto, o beneficioso a Nicaragua, el esfuerzo de algunos empresarios de cabildear en Washington contra la Nica Act? Es importante preguntárselo porque siempre deben sopesarse los efectos de cualquier iniciativa que pueda afectar al bien común. Ciertamente abortar dicho proyecto de ley sería beneficioso para la economía nicaragüense, el problema es que podría también serlo para el proyecto dictatorial de Ortega. Porque como ha demostrado, hasta la saciedad, él solo cede ante presiones.
Esta realidad coloca a los empresarios involucrados en una especie de filo de la navaja: si no sopesan bien sus acciones, podrían caer en el rol de cómplices de una dictadura que, por su gran poder o falta de frenos, podría con el tiempo volverse insoportablemente corrupta. Lo anterior se explica por el hecho de que la Nica Act es un proyecto esencialmente condicionado: sus efectos negativos sobre los préstamos a Nicaragua quedarían en suspenso si su gobierno permite comicios libres, transparentes y competitivos. Esto significa que es este el actor que tiene en sus manos desactivar la amenaza y a quien habría que convencer para que cambie de conducta.
¿Por qué entonces un importante sector empresarial parece empeñado en convencer a los legisladores norteamericanos que no pasen esta ley, en lugar de convencer a Ortega de que otorgue la democratización que se le pide?
Una posibilidad, sugerida por algunos, es que ha dichos empresarios solo les importa sus negocios. Posiblemente sea una generalización injusta. Creo, que si bien es cierto que algunos de ellos están cómodos con Ortega, y no les importaría convivir indefinidamente con su dictadura si les asegura sus rentas y ganancias, hay también muchos otros que tienen un interés genuino por la democratización del país y que temen las consecuencias a mediano y largo plazo de la falta de institucionalidad.
Si lo anterior es el caso, ¿por qué entonces insisten en cabildear en Washington en lugar de hacerlo en El Carmen, la residencia del dictador? Una de las posibles explicaciones es que piensan que Ortega no cambiará y que, por tanto, las sanciones a Nicaragua castigarán al pueblo sin lograr sus objetivos. Otra posibilidad es que existan negociaciones secretas entre empresarios y gobierno; unas, donde los empresarios tratarían de vender su cabildeo en Washington a cambio de algunas concesiones políticas que no conocemos. Otras, donde el gobierno estaría presionando a los empresarios a cabildear a su favor, usando una mezcla de garrote y zanahoria. Otra posibilidad más es que algunos empresarios estén sugiriendo a los senadores norteamericanos de que son más efectivas las sanciones directas a personas —como el caso de Rivas— que las que afectan la economía de todo un país.
Es difícil conocer los entretelones oscuros de estos tejes y manejes porque, como es de esperarse, bajo un gobierno como el de Ortega los empresarios temen las consecuencias de ser transparentes. Lo que es claro como el día es que cabildear en Washington implica un reconocimiento, implícito o tácito, de que dan por descontada la posibilidad de que Ortega cambie actualmente de conducta, quizás porque no han logrado, o tratado, de convencer a Ortega. Igual es de claro que las coyunturas actuales han puesto en manos del sector privado una gran responsabilidad, por cuanto sus acciones u omisiones pueden incidir grave o felizmente en el futuro del país y en el de ellos mismos.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.