El Memorándum de Entendimiento, suscrito entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua el 28 de febrero del año pasado, establece como “Áreas Específicas de Cooperación” dos componentes: a) el Político-Electoral, en virtud del cual la OEA acompañó las elecciones municipales recién pasadas y, además, mediante la instalación de una Misión de Cooperación brindará apoyo técnico “para el fortalecimiento en materia de registro, cedulación y depuración del padrón electoral”; y b) el Componente para el Fortalecimiento Institucional, curiosamente limitado a “fortalecer jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre el transfuguismo político, garantizando la voluntad de los derechos del elector, así como los derechos del elegido”.
Dado el secretismo que ha caracterizado la relación entre el Gobierno y la OEA, la opinión pública nicaragüense no conoce los detalles de la propuesta de programa para la ejecución de ambos componentes.
A la Secretaría General de la OEA y concretamente a su secretario general, don Luis Almagro, que buen prestigio ha ganado por su firme posición en relación con la crisis institucional en Venezuela y Honduras, la continuación del convenio con Nicaragua se le complica tras la inclusión del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, en la lista de los sancionados por la Oficina de Control de Activos a Extranjeros (OFAE) del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), en aplicación de la Global Magnitsky Act.
Recordemos que el anuncio del Gobierno de los EE.UU. tuvo lugar exactamente al día siguiente que el señor Wilfredo Penco presentó, ante el Consejo Permanente de la OEA, su Informe Final sobre la Misión que acompañó el proceso electoral municipal de 2017, al cual el secretario general Almagro le dio todo su respaldo, pese a las múltiples denuncias de anomalías e irregularidades, de fraudes descarados en algunos municipios y la enorme abstención de la ciudadanía. Sin embargo, el Informe avaló las cifras de electores que publicó el CSE y consideró que el resultado final de las elecciones, pese a todo, representaba la expresión de la voluntad del pueblo nicaragüense.
Suponemos que debió ser bochornoso, tanto para el señor Penco como para el señor Almagro, conocer, pocas horas después, que quien presidió y administró dicho proceso electoral municipal fue incluido en la lista de los sancionados por la antes mencionada Ley, precisamente por su participación en fraudes electorales, violación de los derechos humanos y corrupción.
Ante esta situación, cabe preguntarse si la OEA estaría dispuesta a ejecutar la segunda parte del convenio, que implica trabajar estrechamente con un CSE presidido por la persona sancionada. Además, es evidente que un fraude electoral no lo lleva cabo una sola persona, sino todo el Sistema Electoral, lo que supone la complicidad de magistrados, directores de divisiones, presidentes departamentales y municipales, etc. Por lo tanto, para la ejecución de la segunda parte del convenio, no podría la OEA, si se atiene a los principios y normas de la Organización, seguir trabajando con el actual poder electoral si en el mismo no se lleva a cabo un cambio profundo que lo transforme en un organismo creíble, capaz de administrar procesos electorales libres, justos y transparentes, como lo prescribe la Carta Democrática Interamericana.
Este es el dilema que deberá enfrentar la Secretaría General de la OEA si desea continuar con la segunda parte del convenio y dar cumplimiento a lo que prescribe el numeral 9.1 del Memorándum, en virtud del cual las partes se comprometen “a observar los más altos estándares éticos y de transparencia administrativa en todas las acciones y actividades vinculadas al Memorándum de Entendimiento”. Además, conseguir los recursos necesarios para la ejecución del plan de trabajo propuesto sería difícil, si no imposible para la OEA, sin un cambio radical en el Sistema Electoral actual.
También Ortega enfrenta el dilema de seguir adelante, como si no ha pasado nada, o bien hacer los cambios profundos que requiere el Sistema Electoral, y demanda el pueblo nicaragüense, si es que quiere, no solo que se cumpla la segunda parte del convenio con la OEA, sino, aún más importante, evitar las graves consecuencias para el país que traerían la aprobación de la Nica Act y la posible inclusión de otros funcionarios, públicos y privados, entre los sancionados por la Magnitsky Act.
El autor es jurista y catedrático.