Las sanciones de la Ley Magnitsky, contra Roberto Rivas, constituyen el golpe más duro al régimen de Daniel Ortega en los últimos diez años y marcan el inicio de una escalada inevitable.
Hasta el momento, el presidente no ha respondido a las graves acusaciones contra su funcionario. Se dice que Ortega tiene fama de proponer acuerdos hasta el último minuto, para doblegar a sus contendientes cuando están cansados. Pero lo que está ocurriendo ahora es completamente distinto. El “timing” de los gringos no tiene que ver con el temor y la desesperanza de los nicaragüenses y nada garantiza que la peculiar forma de hacer política del presidente pueda salvarlo de un sistema como el norteamericano, que está basado en leyes inexorables. Su silencio, para ganar tiempo, es contraproducente.
Si Ortega despide deshonrosamente a Roberto Rivas de su cargo en el CSE podría correr el riesgo que Rivas denuncie o filtre pruebas de la responsabilidad del presidente en los fraudes electorales. Además, la confianza que tienen puesta en Ortega todos sus socios, aliados y subordinados se derrumbaría como castillo de arena y las comunidades nacional e internacional rechazarían la medida por insuficiente. Eliminar a Roberto Rivas tiene, sin embargo, otras implicaciones. La principal es que daría la impresión que la Administración norteamericana doblegó al régimen Ortega Murillo y que este estaría abriendo un flanco de vulnerabilidad que aprovecharían sus enemigos.
Caso contrario, mantener o darle protección a su subordinado, enviaría una señal equivocada y de mayor gravedad, porque objetivamente asociarían al presidente con los cargos que se le imputan a Roberto Rivas. De cualquier manera la situación para Ortega es escabrosa. Mala si lo castiga; mala si no lo castiga. Como se dice en el argot beisbolero, “hagás lo que hagás, estás out por regla”.
En el menú de opciones, para salir de esta encrucijada, Ortega cuenta con la recomendación de la OEA sobre reformas del sistema electoral, que eventualmente podría ayudarle. Pero no le servirá de nada si pretende un diálogo espurio con interlocutores sin legitimidad ante la población.
Un maquillaje de reformas con bufones, mercachifles y esquiroles, bailando al son que les toque el régimen, se le puede salir de control a la dictadura. Lo que el pueblo de Nicaragua reclama son garantías legítimas de alternabilidad en el poder, seguridad a la inversión y consolidación e independencia de las instituciones. Es todo lo contrario a lo que está pasando a pesar de las cifras macroeconómicas, porque la única inversión que tiene garantías y poder oligopólico es la argolla de familiares, amigos y aliados del gobernante.
Aunque cada opción tiene su costo, hay una que le puede producir algunos dividendos. La “reforma integral” al sistema electoral, como recomienda la OEA, le daría el tiempo que necesita para una salida pacífica y ordenada de la crisis, que garantizaría tanto la seguridad de sus allegados como elecciones libres en Nicaragua. Desestimar este consejo de la OEA, lo puede exponer a sanciones internacionales crecientes.
La medida del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puede interpretarse como un mensaje contundente al gobierno de Ortega Murillo, pero también es un mensaje clarísimo para la oposición de Nicaragua. Algunos líderes políticos norteamericanos están diciendo que quieren ayudarnos a establecer la democracia, pero que ese es un trabajo que le corresponde hacer a los nicaragüenses y estos solo podrán llevarlo a cabo si dan pasos responsables y auténticos para lograr una unidad en la acción en temas políticos vitales, sin demora, sin sectarismos ni comparsas mediáticas, con un alto sentido de nación y con desprendimiento genuino. De lo contrario estarán ayudando a Daniel Ortega a salir de su laberinto.
El autor es economista y escritor. Fue embajador de Nicaragua en España y Colombia.