El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), reiteró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su petición de medidas cautelares a favor de Elea Valle, por considerar que está en riesgo, no solo por los hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre, sino antes de la masacre.
Estas fueron parte de las observaciones que ese organismo de derechos humanos hizo a la CIDH, como reacción al informe que remitió el Gobierno en representación del Estado sobre la masacre de La Cruz del Río Grande.
La abogada del Cenidh, Wendy Flores, explicó que en sus consideraciones sobre la situación de riesgo de Valle, está basada en que en que antes de la masacre donde fallecieron sus hijos Francisco y Yojeisel, de 12 y 16 años, Valle debió movilizarse a cinco comunidades “por esta persecución y este acecho que tuvo el Ejército contra ella y su familia”.
“Y que la demanda de justicia, la demanda de devolución de los cuerpos es lo que mantiene aún viva la situación de riesgo que hay en su contra, en la que ni siquiera el Estado responde a la comunicación de la CIDH sobre las investigaciones alrededor de estos hechos”, dijo Flores.
El informe del Estado demuestra que aún no hay una investigación abierta sobre las muertes de sus hijos, pues Valle no ha sido citada por la Policía para brinde una declaración en su calidad de ofendida. Y cuestiona que entre la comisión que investigó en el lugar , solo se refiere a peritos, oficiales de inteligencia y de vigilancia.
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“El informe solo justifica la actuación (del Ejército de Nicaragua), pero no dice esta es una investigación o este es el resultado o por esto no vamos a ejercer la acción penal, porque la actuación fue legítima o fue proporcional o algo que emita una resolución sobre la muertes de seis personas”, indicó Flores.
También cuestiona que el informe haga referencia a la muerte de “seis delincuentes”, ignora la presencia de dos niños en el lugar de la masacre, además que altera sus edades. Por otra parte, tampoco hicieron las averiguaciones suficientes para determinar las causas de muerte de estas personas pues la versión oficial ha sido bien escueta, al referir que murieron como consecuencia de impactos de arma de fuego y que no presentaban ninguna otras lesiones. “Pero evidentemente las imágenes y videos señalan que hay otro tipo de lesiones que no están reportadas y obviamente esto tiene que ser revisado”, demandó Flores.
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Justifican medidas
La abogada del Cenidh, Wendy Flores refiere que en su informe el Gobierno destaca la inseguridad en el campo, le acredita a la agrupación liderada por Rafael Pérez Dávila, alias Colocho, quince asesinatos y una serie de delitos en un período de tres años. A su vez, que en diez años se registran 47 asesinatos de agricultores, con lo que justifica las medidas adoptadas.
No obstante, insistió Flores, en que la actuación de funcionarios que hacen uso de armas de fuego deben ser sometidas a un control de legalidad. Pero “no existen informes, no existen resoluciones, no existen procesos penales que sean públicos, que sean transparentes, que nos puedan ayudar a determinar realmente si el nivel de actuación ha sido apegado a las normas internacionales en materia de derechos humanos”.
“No comprendemos a que se debe que el Estado quiera modificar la edad de estos niños (…) si de todas formas a la luz de la Convención de los derechos del niño, ellos siguen siendo niños, hasta los 18 años”
Wendy Flores, abogada del Cenidh