La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA denunció este viernes que la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto del país ha sido trastocada en su texto, lo cual calificó como “un delito”, y anunció una investigación para identificar a los responsables.
“El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional no es el texto publicado en La Gaceta, es decir se ha falseado, defraudado la voluntad del soberano del Congreso Nacional introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero, esto no es un error, no es una errata, es un delito”, dijo el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, en rueda de prensa.
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Destacó que el texto reformado señala que “durante el proceso, la auditoría en investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal”.
Pero el texto de la ley, publicada en el diario oficial La Gaceta, “no fue lo que aprobó el pleno del Congreso Nacional, esto ha sido insertado y se tiene que hacer una investigación de carácter penal”, añadió.
Investigaciones
Dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Honduras fueron reformados el pasado 18 de este mes por el Congreso Nacional en su anterior legislatura, lo cual, según la Maccih, busca “frenar” las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del legislativo, Mauricio Oliva.
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Jiménez indicó que la reforma “busca prohibir el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público y el inicio de juicio por el poder Judicial”, y “amplía el número de funcionarios que quedan bajo su amparo”.
Agregó que lo acontecido con esta ley “es un delito consumado”, pues fue aplicado el miércoles, cuando la jueza hondureña Alma Guzmán decidió archivar la investigación contra cinco diputados, acusados por malversación de caudales públicos, mientras el Tribunal Superior de Cuenta (TSC) realiza una pesquisa sobre el caso.
“La jueza ha basado su fallo en un texto inexistente y sin valor normativo”, subrayó Jiménez, quien dijo que el Ministerio Público presentará ante Guzmán un recurso para “revertir la resolución”.
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Los diputados Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz, Dennis Sánchez y Eliasar Juárez, fueron acusados en diciembre de 2017 por el Ministerio Público y la Maccih de solicitar fondos al poder Ejecutivo que eran entregados a una Organización No Gubernamental (ONG), la cual los enviaba a los políticos.
“La modificación ilegal incorporó en esta investigación que tendría que hacer el Tribunal Superior de Cuenta, no solo a diputados, sino también a cualquier servidor público, que es lo que la Misión ha alertado que puede extenderse a otro tipo de personas involucradas en casos de corrupción”, dijo el portavoz de la Maccih.
La reforma de un texto aprobado por el Congreso Nacional “es un hecho gravísimo que podría suponer la comisión de delitos contra la fe pública, contra la administración pública y contra la forma de gobierno”, añadió.
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“Ha sido una práctica consistente en el país (…), pero esta no es falla semántica u ortográfica, se esta cambiando el sentido porque en ningún momento el Congreso Nacional aprobó cortar procesos judicial o impedir que el poder Judicial pueda iniciar procesos judiciales hasta tanto el Tribunal Superior no emita su dictamen”, explicó Jiménez.
La Misión de la Organización de Estados Americanos y el Ministerio Público integrarán un equipo de expertos para “investigar penalmente” el caso para dar con los responsables de “esta suplantación de la voluntad popular”, señaló.
El Congreso Nacional ha rechazado la denuncia de la Maccih y el jueves creó una comisión para aclarar a los diferentes órganos encargados de la investigación e impartir justicia los alcances de la reforma legal.