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El comisionado José David Aguilar Morán (centro) durante la ceremonia en que asumió la jefatura de la Policía Nacional de Honduras, el pasado 15 de enero. LA PRENSA/AP

Informe señala a jefe de Policía de Honduras de ayudar a narco

El incidente plantea dudas en torno a la depuración de policías corruptos que según las autoridades de Honduras han hecho y a la confiabilidad del gobierno

Cuando el comisionado José David Aguilar Morán asumió la semana pasada como nuevo jefe de la Policía de Honduras, prometió continuar la depuración de su corporación, manchada en distintos momentos por casos de corrupción y complicidades con los carteles de las drogas. Sin embargo, un informe confidencial del Gobierno obtenido por la agencia AP dice que el propio Aguilar ayudó en 2013 al líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un importante cargamento de cocaína con destino a Estados Unidos.

El cargamento de 780 kilos (1,700 libras) de cocaína estaba escondido en un camión cisterna que, según el informe, era escoltado por agentes corruptos hasta la casa de Wilter Blanco, un narcotraficante que recientemente fue condenado en Florida a 20 años de prisión.

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Aguilar era en aquel momento el jefe de Inteligencia de la Policía Nacional e intervino luego que uno de los agentes que custodiaba el cargamento fue detenido por un policía de rango menor, señala el informe.

El agente, detenido y esposado, llamó a Aguilar, quien dio la orden de liberar al agente y al camión, de acuerdo con el informe. El valor de la cocaína en las calles de Estados Unidos habría sido de más de 20 millones de dólares.

Depuración policial

El incidente plantea dudas en torno a la depuración de policías corruptos que según las autoridades de Honduras han hecho y a la confiabilidad del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, considerado un aliado clave de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico.

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Al jurar como nuevo jefe de la Policía, la prensa local informó que Hernández dijo que Aguilar fue elegido por ser una persona de “la mayor confianza” y que dirigirá “una Policía Nacional que se convierta en referente en la región”. “Estamos en un proceso de transformación de la Policía Nacional, con una enorme inversión de recursos financieros”, expresó el presidente.

Aguilar, de 54 años, prometió inculcar a sus agentes la noción de que deben “cumplir y hacer que se cumpla la ley”, según versiones de la prensa local.

Gobierno: “Es falso”

Cuando se le preguntó por el incidente de 2013, el Gobierno de Honduras envió a la AP un largo comunicado diciendo que el informe es falso y no constituye “una comunicación oficial de la Policía Nacional”.

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La AP no compartió el documento con el Gobierno por cuestiones de seguridad, pero describió el contenido.

El Gobierno también señaló en su comunicado que las denuncias contra la cúpula policial “carecen de veracidad” y que los medios de comunicación deberían verificar la información antes de lanzar “primicias falsas”.

Agente fue dado de baja

Pero un exmiembro de la Policía Nacional al tanto de la investigación confirmó que se comprobó que altos oficiales encubrieron el incidente y que el agente esposado fue posteriormente dado de baja.

Otros tres oficiales de alto rango de la Policía (uno actual y dos exoficiales) y los aparatos de seguridad de Honduras y un exfuncionario confirmaron partes del informe.

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Los cuatro hablaron a condición de no ser identificados por temor a sufrir represalias. Además del informe, la AP confirmó la versión mediante comunicaciones internas y una ficha del archivo personal de Aguilar que resume su presunta participación.

Aguilar no respondió a pedidos de comentarios de la AP.

No informaron

La oficina del inspector general del Ministerio de Seguridad, que investiga posibles infracciones de la Policía Nacional, empezó su pesquisa a comienzos del 2014, en momentos en que Estados Unidos aumentaba los fondos para la lucha contra el narcotráfico en la región.

El informe del inspector general dice que Aguilar y otros jefes —a pedido de Blanco— no castigaron a ningún agente involucrado en el incidente y que jamás informaron del episodio al Ministerio Público (MP) ni a la embajada estadounidense, “todo con la finalidad que el caso prescribiera”.

Agentes y exagentes estadounidenses, además de un fiscal de Estados Unidos, revisaron la documentación obtenida por la AP y dijeron que parecía genuina.
Ayuda estadounidense

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Honduras ha sido un aliado de Estados Unidos por décadas. La Base Aérea Soto Cano, que tiene una ubicación estratégica cerca de la capital Tegucigalpa, centralizó los esfuerzos de Estados Unidos para combatir movimientos procomunistas en América Central en la década de 1980, y sigue siendo clave en las campañas regionales contra el narcotráfico. Allí están desplegados cerca de 600 soldados estadounidenses.

La ayuda de Estados Unidos a Honduras ha aumentado desde el 2014, cuando el gobierno de Barack Obama decidió que le convenía mejorar la seguridad y la gobernabilidad de América Central.

Desde entonces, el Congreso ha asignado más de 300 millones de dólares a Honduras, de acuerdo con un informe reciente del Servicio de Investigaciones del Congreso.

Dinero en suspenso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en diciembre la reelección de Hernández y certificó al país por considerar que había progresado en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción, lo cual abrió el camino para que Honduras reciba millones de dólares en ayuda.

La comisión de asignaciones presupuestarias del Senado, no obstante, dejó en suspenso parte del dinero. “Se puede ganar demasiado dinero con las drogas y es tan fácil hacerlo, especialmente si estás en la Policía”, dijo este mes el senador estadounidense Patrick Leahy tras al nombramiento de Aguilar.

“Se necesita saber más sobre él dada la historia de la policía hondureña y sus conexiones con el crimen organizado, antes de que pueda decir con confianza que tiene la integridad para encabezar esa institución”.

Comisión investigará

Una comisión gubernamental hondureña anunció que investigará a Aguilar Morán ante los señalamientos de colaboración con carteles de narcotráfico para transportar cocaína hacia EE.UU.

Alberto Solórzano, miembro de la Comisión de Transformación y Depuración de la Policía Nacional, comentó que de confirmarse los hechos se tomarán “las medidas correspondientes”. Dicha comisión ha despedido a más de 4,500 policías —incluidos altos oficiales— por causas que van desde la corrupción hasta una reestructuración y jubilaciones voluntarias.

29 años en la institución

Aguilar, quien lleva 29 años con la Policía, fue escalando posiciones poco a poco. Sirvió como jefe regional en la costa caribeña y en otras zonas, y lideró una fuerza nacional de seguridad.

Fue director de Planeamiento de Procedimientos Operativos y encabezó un cuerpo policial que supervisaba la planificación y la “mejora continua” de la fuerza.

Una página del archivo personal de Aguilar, que fue conseguida por la AP, incluye un parte en la que se resume su participación en el incidente del 2013 y se habla de complicidad con el crimen organizado y los traficantes de drogas. No hay indicios de que se hayan tomado medidas frente a esos señalamientos.

Falsean ley, según la OEA

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA denunció el viernes que la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto del país ha sido trastocada en su texto, lo cual calificó como “un delito”, y anunció una investigación para identificar a los responsables.

“El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional no es el texto publicado en La Gaceta, es decir se ha falseado, defraudado la voluntad del soberano del Congreso Nacional introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero, esto no es un error, no es una errata, es un delito”, dijo el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, en rueda de prensa.

Evita investigaciones

Destacó que el texto reformado señala que “durante el proceso, la auditoría en investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal”.

Jiménez indicó que la reforma “busca prohibir el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público y el inicio de juicio por el poder judicial”, y “amplía el número de funcionarios que quedan bajo su amparo”.

“Es un hecho gravísimo que podría suponer la comisión de delitos contra la fe pública, contra la administración pública y contra la forma de gobierno”, añadió el portavoz.

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