Una década después de asumir el poder, la expresión atacar la corrupción ha desaparecido del discurso del régimen de Daniel Ortega. Atrapado en todo tipo de historias, ninguna investigada por las autoridades del Estado, los analistas han llegado a describirlo como un sistema en descomposición.
Una de las últimas veces en que la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, se expresó sobre el tema ocurrió el 30 de agosto de 2016, cuando dijo: “Nos oponemos tenazmente a todas las formas de corrupción, deshonestidad, o manejos incorrectos e indebidos entre todas las personas, y en particular, entre quienes tienen y tenemos responsabilidades públicas”.
La estela de denuncias publicadas en escasos medios de comunicación suman a funcionarios de todo nivel, en casos de todo tipo como suplantación de identidades en beneficio de privados vinculados a la cúpula, contratos para favorecer a empresas desconocidas pero de conocidos del poder, también se han denunciado historias con una danza de millones de dólares que benefician a la élite gubernamental, entre ellos algunos de sus funcionarios más conocidos y otros miembros de la propia familia presidencial, así como negocios inverosímiles como la posibilidad de construir finalmente el sueño del canal interoceánico.
“Si solo fuera Roberto Rivas (magistrado electoral) el señalado de corrupción, cualquier gobernante no vacilaría en limpiar la imagen de su gobierno, pero como no es así, lo único que hace pensar es que Rivas, en materia de delincuencia, al ser tocado provocaría el efecto dominó… ¡todo el mundo para abajo!”, dice el veterano sindicalista Onofre Guevara, quien luchó contra la dictadura de Somoza y hoy es uno de los más grandes críticos del caudillo sandinista y su esposa Murillo.
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Rivas fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos el 21 de diciembre pasado por orden del Departamento del Tesoro. Le aplicaron la Ley Magnitsky, que autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos de personajes involucrados en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La historia del magistrado
El magistrado electoral Rivas es uno de los incondicionales de Ortega, cercano al cardenal Miguel Obando, arzobispo emérito de Managua, aliado del caudillo sandinista y gracias a quien se ha mantenido como presidente del CSE desde el año 2000. Al mando de la institución electoral, se ha señalado que las autoridades del tribunal han perpetrado fraudes electorales a favor del sandinismo desde 2008. El repertorio de Rivas lo muestra como un millonario excéntrico, con mansiones tanto en el país como en el exterior, un parque vehicular de lujo, chefs franceses a su disposición.
Más de un mes después, el silencio gubernamental predomina ante la situación de Rivas, igual que ha ocurrido en otros casos, mientras se cierne la amenaza de que sea sancionado el tesorero de Ortega, Francisco López, luego de la petición de congresistas al presidente de EE.UU., a principio de diciembre de 2017, que se aplicara también la Ley Magnitsky a este personaje que dirige las operaciones petroleras en Managua, bajo el mando directo de Ortega, surgidas al amparo de la cooperación de Venezuela con Nicaragua.
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El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez considera que ese mutismo es una “política de Estado contraria a la legalidad y a la Constitución Política”.
“El que se atreva a decir algo, bien o mal, de acuerdo o desacuerdo, nadie puede hablar, porque lo despiden“, explica Álvarez.
La postura del contralor Montenegro
El contralor Luis Ángel Montenegro, presidente del ente fiscalizador, se declaró el 16 de enero pasado incompetente para investigar a Rivas. “Si gana 60 mil dólares y si tiene otros negocios, no nos compete. No hemos hecho ninguna evaluación, nadie ha llegado (a la) Contraloría a ver su declaración. Si uno la pide, uno actúa de acuerdo con la Ley, y si el dueño de (la) declaración dice que no se vea, no se verá. No tengo por qué andar especulando si gana 60 mil y si tiene mansiones, yates, aviones, no me llama la atención. No tengo por qué andar especulando”, dijo Montenegro entonces al canal 100% Noticias.
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El exdiputado, exdiplomático y disidente del FSLN, Víctor Hugo Tinoco, opina que la posición de Daniel Ortega de no investigar, ni juzgar ni castigar a los funcionarios de su gobierno señalados de malos manejos, es su forma de decirles que si son leales a él, no les va a pasar nada hagan lo que hagan. “Ortega no solo practica la impunidad de sus funcionarios cuando roban y son corruptos, sino que además quiere que se sepa que sus funcionarios pueden robar y que no les pasa nada, porque es una forma de decirles conmigo están seguros, podemos ser socios o aliados por un largo tiempo”.
Lo grave de esta posición es el impacto en la ciudadanía. Según el sindicalista Guevara, negarse a corregir los desmanes, a no admitir responsabilidad, o hacerse que no se dan cuenta, o señalar a los enemigos como responsables de las denuncias, solo les ayuda a mantenerse en el poder al amparo de la inmoralidad y el desconocimiento del derecho de la ciudadanía.
Para Guevara, la pareja presidencial representa en el sistema actual “una figura nada honesta de una pandilla defendiendo a capa y espada el fruto de lo que se ha robado”.
Sin ningún control
Los datos de la Contraloría General de la República describen la falta de control en el Estado. Entre 2010 y 2015, impusieron sanciones por el orden de 7.4 millones de dólares, es decir, un promedio de 1.23 millones de dólares por año. Los datos continuaron a la baja en 2016, entre sanciones de responsabilidad civil y penal, sumaron apenas 104,054 dólares. Se vieron involucrados un total de 72 funcionarios. En 2015, los funcionarios castigados fueron 586, según los datos oficiales.