Anuncio de medidas administrativas causa zozobra en Aeropuerto Internacional de Managua

Probables despidos en el Aeropuerto Internacional Managua a partir de este miércoles, según fuentes extraoficiales

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Entre enero y septiembre de este año, 614,600 personas se embarcaron a través del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

Una situación de inestabilidad laboral enfrentan trabajadores del Aeropuerto Internacional Managua, luego que presuntamente 130 de ellos habrían sido notificados que quedarían en el desempleo, a menos que aceptan pasar como miembros del Ejército de Nicaragua.

Uno de los afectados confió a LA PRENSA que la disposición sería efectiva a partir de mañana miércoles, lo que preocupa a los empleados de esa empresa, que en su mayoría laboran en el sector de rampa y rechazan ser trasladados a la nómina del Ejército, pues pasarían a ser militares y perderían sus prestaciones.

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Las redes sociales también ha sido utilizada para realizar la denuncia, pero la responsable de comunicación de esa empresa, Consuelo Sandoval, dijo desconocer lo relacionado; mientras el vocero del Ejército, coronel Manuel Guevara, no respondió a la inquietud.

A la situación de los empleados del Aeropuerto se suma la enfrentada por funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), donde supuestamente tras los reclamos por maltrato laboral en los últimos días al menos cien de ellos fueron despedidos y serán sustituidos por personal de otras instituciones del Estados, bajo la orden de “comisión y servicio”, sin que tengan alguna especialidad en el área.

El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, consideró que de ser efectivo esta posibilidad, no solo violentarían la ley sino la Constitución Política, pues someter a un empleado público a esta condición “va en principio en contra de lo que establece el artículo 25 de la Constitución, que es la libertad individual”.

En cuanto al traslado de empleados entre instituciones del Estado, dijo Leiva, está dentro de lo establecido por la Ley, pero las autoridades deben tomar en cuenta el perfil del servidor público.

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