En los últimos tres meses al menos a trescientos viajeros que llegaron al país por vía aérea sin haberse aplicado la vacuna contra la fiebre amarilla —requisito que actualmente ya se exige también en las fronteras terrestres— se les ha impedido el ingreso al país.
“Entre noviembre y esta fecha por el aeropuerto son más de trescientas personas las que se han devuelto y eso es un impacto significativo porque estas son personas que desafortunadamente han sido afectadas, pero la realidad es que han sido afectadas y esto tiene un impacto en estas personas y en lo que ellas van a decir de Nicaragua y de su experiencia al haber querido entrar al país y no haber podido ingresar”, sostuvo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, durante su habitual conferencia de prensa de los miércoles.
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Entre los viajeros a los que se les impidió el ingreso por no portar el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, según Aguerri hay personas que venían a turismo, negocios, inversionistas, funcionarios de otros gobiernos y “todo tipo de casos”.
Desde enero del 2017, Nicaragua exige la presentación de este certificado a viajeros procedentes de África y de diez países de América del Sur y quienes no lo portan no pueden ingresar al país.
El Cosep entiende la prioridad de resguardar la salud de los seis millones de nicaragüenses, como lo hace también el resto de países de la región que han adoptado la medida. Pero considera que “hace falta una mayor estrategia de divulgación de este tema para no seguir viendo tantas personas afectadas en los aeropuertos y ahora en los pasos terrestres del país que también están exigiendo el requisito”, señaló.
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En diciembre del año pasado el Cosep pidió a las autoridades que levantaran la exigencia para evitar afectaciones durante la temporada de diciembre; sin embargo, ayer Aguerri confirmó que la medida no se dejó de aplicar. “Lo que logramos fue que se bajara de treinta a diez días el período de estancia del viajero en los países señalados”, dijo Aguerri y añadió que el problema es que ni siquiera se puede poner personal médico en los puestos fronterizos para que aplique la vacuna a las personas a las que se les pide el certificado y no lo tienen, ya que el efecto de la vacuna ocurre diez días después de la aplicación.