En cuatro informes que durante 2017 envió el Estado de Nicaragua a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), no se ha referido a las acciones concretas emprendidas en torno a la seguridad de la propiedad indígena y que llevó a ese tribunal otorgar medidas provisionales a cinco comunidades del Caribe Norte.
Esto llevó al Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudcan), a solicitar una visita de la Corte IDH a esos territorios o en su lugar, una audiencia especial.
Ese tribunal respondió que recibirá a Cejudhcan en una audiencia cuya fecha no ha sido precisada para el primer semestre del presente año para abordar esta situación.
“Queremos que el Gobierno cumpla”, dijo la presidenta de Cejudhcan, Lottie Cunningham quien señaló “la Corte parece que reaccionó en torno a esto, al ver nuestros informes”.
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Los cuatro informes presentados por el Gobierno, de acuerdo a lo establecido por la Corte IDH deben enviarlos cada trimestre para explicar las acciones concretas que está haciendo para sanear los territorios, en relación a las medidas provisionales.
Esto dice Cunninghm es porque la Corte IDH reconoce que el origen de las criminalizaciones a las comunidades ha sido por la falta de saneamiento territorial.
Sin embargo, el Gobierno en sus últimos informes ni siquiera menciona el saneamiento territorial, pues se ha limitado a referirse a las inscripciones que ha hecho sobre los registros de la propiedad de los 23 territorios, o de inscripciones de contrato de usufructo.
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“Y eso para nosotros es muy preocupante porque el Gobierno no ha creado una comisión para ver lo del saneamiento”, indicó la presidenta de Cejudhcan.
En septiembre de 2016 la Corte IDH a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas provisionales a cinco comunidades indígenas miskitas del Caribe norte, de doce que cuentan con medidas cautelares a causa de la violencia que enfrentan.
Insisten en el saneamiento
La presidenta de Cejudhcan recorrió a inicios de enero las comunidades del Caribe Norte que cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Los comunitarios expresaron que mantienen la posición de que el Gobierno debe cumplir con el saneamiento territorial. Esto porque continúa la pérdida de sus territorios por los colonos que continúan con la invasión a sus parcelas.