Más dudas que aclaraciones despierta la extensa acusación del Ministerio Público en la que identifica a los cameruneses Magloire Tchamani y Mary Atanga, quien vino en diciembre pasado a reclamar a Nicaragua el cadáver de su hijo Mbang Atanga, migrante irregular asesinado por miembros del Ejército en mayo de 2017, como los “jefes de la agrupación criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes”.
Según acusación, los procesados, quienes estuvieron secuestrados en un hotel capitalino en diciembre de 2017 por personas que se identificaban como empleados del Ministerio de Gobernación, organizaban los viajes de los migrantes indocumentados desde África hasta Estados Unidos, pasando vía terrestre por Centroamerica hasta llegar a su destino final.
Su contacto en Costa Rica era supuestamente la acusada Ana Yansy López Martínez, mamá del acusado Byron Jarquín López, quien iba conduciendo el carro donde murió Mbang Atanga, durante el tiroteo en mayo de 2017.
Avisó a su mamá
Supuestamente, el fallecido era enviado por su mamá para dirigir la ruta de los migrantes africanos, pero no relacionan porqué en el mismo grupo de migrantes viajaba Azeh Mclaire hermana del ahora difunto, quien sobrevivió al ataque y fue quien avisó a su mamá de los hechos.
En la causa llevada en Rivas contra los tres nicaragüenses que supuestamente trasladaban al grupo de 13 africanos entre ellos al fallecido y su hermana, a pesar que fue ampliada nunca se dijo que los africanos eran parte de la agrupación criminal, fue hasta diciembre de 2017, sino después que Atanga hizo público el reclamo del cadáver de su hijo al Gobierno de Nicaragua.
“Todo lo que quiero del Gobierno es que acepte su error”, dijo en su momento la madre angustiada.
Sin investigación
Según la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de Costa Rica, tras consultar en el sistema de gestión informática, “no existen registros de causas contra Mbang Atanga Azehfor”. Así mismo, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), informó que cuando el camerunés ingreso a Costa Rica como migrante extrarregional, el sistema de alerta nacional e internacional no arrojó ningún información que lo vincule con el delito de tráfico ilícito de personas.