Los miembros de la organización política opositora Frente Amplio por la Democracia (FAD) exigieron este jueves ser incluidos en el proceso de reformas electorales que el gobierno de Daniel Ortega prometió hacer a la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 8 de noviembre.
El Gobierno de Nicaragua mantiene un diálogo con la OEA desde el pasado 15 de octubre de 2016, lo que llevó al gobierno de Ortega a firmar un acuerdo para el “fortalecimiento de la democracia” y luego a prometer reformas a la Ley Electoral (Ley 331), atendiendo las recomendaciones hechas por ese organismo internacional, después de observar las votaciones municipales del pasado 5 de noviembre.
Sin embargo, este diálogo ha sido criticado por el FAD, por no incluir a otros sectores de la sociedad ni a la oposición política, además que consideran que la OEA ha actuado de manera parcializada con el gobierno de Ortega.
Hasta ahora no se ha sabido públicamente si el Gobierno y la OEA están trabajando en las reformas electorales.
La coordinadora del FAD, Violeta Granera, enfatizó en que quieren cambios reales en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y dijo que no es aceptable que Roberto Rivas, presidente del CSE, sea reemplazado por uno de los magistrados sandinistas. La demanda del FAD es cambiar a todos los magistrados por “personas creíbles y honorables, que no respondan a partidos políticos”.
Llaman al consenso
El FAD reiteró su llamado a todas las organizaciones, gremios, fuerzas sociales y políticas y a la ciudadanía en general, a “construir un consenso sobre las reformas electorales que se necesitan con urgencia en Nicaragua”.
“Invitamos a un diálogo abierto e incluyente, con diversos sectores y territorios para construir con el aporte de todos, una propuesta unificada de reforma electoral”, demanda el FAD.
Las elecciones en Nicaragua no tienen credibilidad porque el Sistema Electoral está controlado por el partido gobernante FSLN.
Demandas
El pasado 20 de diciembre, el FAD hizo una propuesta de 15 puntos que se desprenden de seis demandas principales: independencia del poder electoral; cedulación sin discriminación; libre participación en elecciones; respeto a la decisión popular; derecho de los nicaragüenses a organizarse en partidos políticos; fiscalización y observación de las elecciones.