Cuestionan criterios para establecer el delito de violación en Nicaragua

Cuestionan criterio del IML sobre el delito de violación

Defensores de Derechos Humanos y organizaciones de mujeres critican que el Instituto de Medicina Legal limite el abuso sexual a la penetración física

06/02/2018

Sobrevivientes a la violencia de género narran el horror que vivieron. LA PRENSA/ ARCHIVO

Las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), rebaten el viejo criterio que arguye el director del Instituto de Medicina Legal (IML), Zacarías Duarte, de penetración para explicar el delito de las violaciones.

En una carta remitida por Católicas en respuesta a afirmaciones que Duarte hizo en una nota que aparece en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia esa organización defensora de mujeres le recuerda que “el criterio de penetración para aceptar un delito sexual ha sido superado por la jurisprudencia nacional e internacional y la propia Ley Integral Contra la Violencia”.

En la nota oficial que pretendía cuestionar una publicación de LA PRENSA alrededor de las cifras oficiales aparecidas en el Libro Blanco sobre la delincuencia en cuanto a que en diez años quedaron más de tres mil violaciones en la inpunidad, Duarte aseveró que durante ese período el IML realizó 53, 032 pericias para investigar delitos de violencia sexual en las cuales se encontraron evidencias médicas de penetración en 13 mil 258 casos.

Por tanto, según Duarte, el 71 por ciento del total de pericias practicadas en ese período, equivalente a 37 mil 653 pericias, “no revelaron evidencias físicas, ni psicológicas ni biológicas, de violencia sexual”, dijo el director del IML.

Lo que establece el Código Penal

La abogada del Cenidh, Wendy Flores, mientras tanto recordó que el artículo 167 de Código Penal, establece claramente lo relativo al delito de violación.

El mismo artículo, dijo Flores, contempla que hay violación cuando el abusador obliga a la víctima a que utilice otras formas o instrumentos con fines sexuales “usando fuerza, violencia, intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de la voluntad, razón y sentido”.

Puede leer: Desconfían de la justicia en caso de violaciones

Por otra parte la organización Católicas le cuestiona a Duarte que, “tanto las cifras presentadas en el Libro Blanco como lo expresado por el doctor Duarte constituyen claros intentos de manipulación de sus propios datos estadísticos del IML, en aras de inviabilizar los estragos y la gravedad de la violencia machista que existe de forma generalizada, y sistémica en nuestro país”.

Y agrega: “Esto encaja además con los altos índices de impunidad y demuestra que quienes manipulan, esconden y

se contradicen son las instituciones del Estado, puesto que aparentemente su función no es preservar el bienestar de Nicaragua, sino la proyección de una imagen positiva del desempeño del gobierno actual”.

Delitos son más que violaciones

Para la abogada del Cenidh, Wendy Flores, la cifra oficial publicada por el Gobierno en el denominado Libro Blanco sobre la delincuencia es una cifra mínima, para lo que en realidad ha venido publicando el Instituto de Medicina Legal, respecto a los delitos sexuales, que no se está penalizando.

Flores recordó que el tema de los delitos sexuales no solo es el de violación también incluye estupro, violaciones agravadas, el acoso sexual, abuso sexual, incesto, proxenetismo entre otros, que requieren de una política de prevención y de sanción por parte del Estado y que a la fecha ha desarticulado con la desatención de las Comisarías de la Mujer, la Ley Integral hacia la Mujer la 779.

Lea además: Acusan a profesora de abusar sexualmente de su alumno de cuatro años

A su vez dijo Flores que en cuanto al delito de violación en el país resalta las violaciones a menores de 14 años, que tienen un alto índice. “Y lo hemos visto, comprobado con las niñas y adolescentes que han dado a luz en este país y que refleja el mayor índice o tasa de embarazos y adolescentes y niñas en la región.

18,786 violaciones registró el Gobierno durante diez años, de esos 3,463 casos denunciados quedaron sin resolver por la Policía Nacional, según el Libro Blanco sobre la incidencia delictiva.

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