Querida Nicaragua: Supongo que todos queremos que aquí haya elecciones limpias, transparentes, supervigiladas nacional e internacionalmente, supongo también que todos queremos magistrados que no inclinen la balanza hacia ningún partido político, magistrados que al ocupar ese cargo no pertenezcan a directivas ni sean militantes de ningún partido político. Esto no quiere decir que no sean políticos, todos somos políticos, pero que mientras sean magistrados electorales no podrán ser militantes de ningún partido político.
Esto lejos de ser una discriminación para los partidos es una garantía para los mismos, ya que los magistrados serán totalmente imparciales, sin preferencias por ninguno de los partidos contendientes en una elección.
La idea de sugerir unos cuantos nombres de ciudadanos calificados para ocupar el cargo de magistrados del poder electoral, no fue más que una especie de muestra entre tantos hombres y mujeres capaces de ejercer el cargo de magistrados electorales. Con un Consejo Supremo Electoral apolítico, formado por hombres o mujeres de reconocida honorabilidad, seguramente se producirá una recomposición de todo el sistema electoral en todos los departamentos y municipios del país.
Seguro también que de no existir, como no existe, un órgano encargado de la cedulación de los ciudadanos, este Consejo encomendará esa responsabilidad a cualquiera de sus miembros para garantizar el orden que debe existir en la preparación y entrega de la cédula a cada ciudadano.
En todas las conversaciones y los comentarios serios tanto en periódicos como en radio y televisión se expresa que la solución de nuestros problemas es cívica, dialogante, y que el primer paso que hay que dar es cambiar el sistema electoral para poder producir elecciones transparentes donde el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes.
A todos nos conviene resolver este problema, al Gobierno, al gran capital, a los partidos políticos y a todos los miembros de la sociedad civil. Y la solución del problema está en la tarea de producir elecciones libres en la nación y para producirlas es preciso contar con un Consejo Electoral independiente, capaz, honorable y verdaderamente interesado en que Nicaragua pueda escoger a sus dirigentes. Es por esto que después de observar cinco o seis justas electorales, nacionales y municipales, entre 2008 y 2016, en las que se ha cometido flagrantes fraudes que han perennizado a Ortega como presidente de la nación y han permitido que el noventa por ciento de las alcaldías queden en poder del orteguismo, se requiera urgentemente un cambio de magistrados del Consejo Electoral y una revisión a fondo de la Ley Electoral.
Más que el doctor Roberto Rivas, el culpable es el sistema implementado por mentes truculentas para poner todo género de obstáculos en el camino de las elecciones, para retardar cédulas, para no actualizar los padrones electorales donde aparecen votando hasta los difuntos, los fiscales orteguistas en las Juntas Electorales que actúan como si fueran guardias, las urnas preñadas y selladas antes de las seis de la mañana el día de las elecciones y en fin que son incontables “sus muertes y daños”.
Hay que actuar de manera inteligente, tanto los gobernantes como los gremios y el pueblo en general para no tener que sufrir los insondables abismos de la Nica Act y de la Magnitsky Act.
A mis estimables amigos de los partidos políticos quiero reiterarles que mis sugerencias sobre determinadas personas para las magistraturas electorales no han pretendido minimizar en ninguna forma las calidades que seguramente tienen muchos militantes de sus partidos. Antes por el contrario, la idea de nombrar personas apolíticas es una garantía no solo para los partidos sino que para todo el pueblo. Y seguramente que si algún día se logra tener un magisterio electoral sin influencias políticas, tendrán los partidos mayores oportunidades de ganar limpiamente una elección. Ya es hora de que en Nicaragua tengamos, por fin, una tras otra elecciones verdaderas.
El autor es director general de Radio Corporación.