La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo en Nicaragua “para revisar las estadísticas macroeconómicas del 2017, y ver las perspectivas para el 2018”, dejó en la mesa del Gobierno la recomendación de aplicar de una vez por todas las medidas que se necesitan para enfrentar la crisis del sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El FMI no se metió en el tema de la corrupción y la mala administración del INSS, porque este no es su negocio. Se ha limitado a recomendar entre otras medidas el aumento de la edad de jubilación y/o recortar las nuevas pensiones, reconociendo que el impacto social sería el mismo. De todas maneras, esto tiene que resolverlo el régimen de Ortega.
Otro ajuste recomendado por el FMI es suprimir o reducir las exoneraciones impositivas (que “quien más se beneficia de ellas es el que más tiene”), para proteger la estabilidad fiscal. Este ajuste permitiría ahorrar reservas y mejorar la capacidad de enfrentar riesgos externos como la pérdida de la cooperación venezolana y la posible aprobación de la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense, o sea la Nica Act.
Lógicamente, la misión del FMI vio “con agrado” el ajuste en el sector energético que está aprobando el Gobierno para reducir paulatinamente los subsidios en el servicio eléctrico, hasta eliminarlos en el año 2022.
Se dice que los ajustes estructurales son para procurar el saneamiento financiero de un país, mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar su crecimiento. Pero muy pocas veces se hacen por iniciativa de los mismos gobiernos, pues conllevan restricciones de beneficios sociales de las cuales los políticos no quieren responsabilizarse. De modo que los ajustes se aplican casi siempre porque son “recomendados” por los organismos financieros multilaterales, sobre todo por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Precisamente el ajuste en el sector energético que implica la reducción gradual de los subsidios sociales, hasta eliminarlos, ha sido “recomendación” del FMI para que el BID concediera a Nicaragua un crédito destinado a financiar las reformas en dicho sector. O se quitan los subsidios, aunque sea poco a poco, o no hay préstamo. Por eso el Gobierno está aprobando una reforma ajustada a tal condicionamiento externo.
La eliminación del subsidio energético por parte del gobierno de Daniel Ortega es algo curioso, por lo menos, porque se trata de un régimen socialista por su propia definición y los socialistas rechazan por principios los ajustes económicos, que califican como imposiciones imperialistas de los organismos financieros internacionales. En los años 90 el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro enfrentó huelgas, sabotajes económicos y hasta asonadas, organizadas por Daniel Ortega para rechazar los ajustes estructurales. Ajustes que eran duros pero indispensables para reconstruir la economía nacional que los mismos sandinistas destruyeron con su aventura revolucionaria de orientación socialista.
Ahora Ortega no tiene que enfrentar nada de eso. Pero es irónico que un gobierno que se proclama a sí mismo como “socialista, cristiano y solidario”, tenga que aplicar ajustes “recomendados” por el FMI que perjudican a su base popular.