A tres días de cumplir tres meses de la masacre ocurrida en la comunidad San Pablo 22, La Cruz del Río Grande, en el Caribe Sur, un grupo de mujeres con pancartas en mano en las que demandaban justicia, presentaron en la Fiscalía una denuncia ciudadana para que haya una investigación y el caso no quede en impunidad.
La denuncia fue presentada en contra del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega el jefe del Ejército, general Julio César Avilés y el jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua.
“Somos mujeres nicaragüenses que venimos a interponer una denuncia contra Daniel Ortega Saavedra, por crímenes cometidos en la región del Caribe de Nicaragua, concretamente los casos de los hijos de doña Elea (Valle), que desde el 12 de noviembre fueron asesinados y hasta hoy no han dado ninguna respuesta”, dijo Marlen Chow, una de las denunciantes.”
“Esta denuncia va también contra el general (Julio C) Avilés y contra (el coronel) Marvin Paniagua, que es el jefe del comando que aceptó públicamente haber asesinado a esas personas “, dijo Chow.
Las denunciantes cuestionaron que a casi tres meses los hechos no hayan sido investigados.
En la denuncia le señalan a la Fiscalía que en Nicaragua no hay pena de muerte, pero el Ejército de Nicaragua en reiteradas ocasiones “ha reportado el aniquilamiento de dirigentes y miembros de ‘bandas delincuenciales’, constituyendo ya una práctica institucionalizada de lo que el coronel (Marvin) Paniagua llama aniquilamiento selectivo de los diferentes grupos de armados”.
A esto le agregan que con esta actuación le niegan a los miembros de estos grupos, el derecho al debido proceso.
“El Estado tiene que responder”, dijo por su parte Tamara Dávila, otra de las denunciantes quien recordó la responsabilidad de los ciudadanos nicaragüenses en reclamar justicia ante este tipo de crímenes.
Las denunciantes fueron consultadas por fotografías que surgieron en los últimos días en las que aparecen los hijos de Valle, Francisco y Yojeisel, de 12 y 16 años, respectivamente, con vestimenta militar y armados.
“Al margen de que aparezcan fotos, de que aparezcan niños armados el Gobierno de Nicaragua está violando la Convención Internacional de los Derechos del Niño” , expresó por su parte Luisa Molina, quien señaló que no existe justificación para que continúen ejerciendo violencia contra la madre de los menores muertos.
“Solo quiero recordarles a ellos y al general Avilés y a todos los miembros del Ejército que en aquellos años así mataban a los guerrilleros y los reclamos eran que se hiciera justicia y que se pusieran a la orden de las autoridades competentes. Y la Guardia Nacional asesinaba igual que lo está haciendo ahora el Ejército de Nicaragua al mando de Daniel Ortega Saavedra”, cuestionó Chow.
Continuarán denuncias
La presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyén Barahona, dijo que este es el primer grupo que introduce una denuncia de este tipo, las que continuarán la próxima semana tanto en Managua como en otras delegaciones del país.
Barahona criticó que tres meses después de la masacre hayan sido filtradas fotografías de los menores supuestamente armados. “Se ha tergiversado la historia en múltiples veces, porque quieren que este crimen quede en la impunidad”, dijo Barahona.
Ante la insistencia de una periodista de que si podría tratarse de manipulación de las fotografías, Barahona respondió “no tenemos pruebas, como no tenemos pruebas que son imágenes reales”.
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personas fallecieron el 12 de noviembre del año pasado durante un operativo militar, entre ellos estaban los menores Francisco y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años , hijos de Elea Valle, que aún reclama sus cuerpos.