Aunque al reformar la Ley Electoral se le quitó las facultades legales y administrativas como presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) a Roberto Rivas Reyes, la bancada sandinista lo mantiene como magistrado, con inmunidad, su salario estimado en cinco mil dólares mensuales y demás beneficios del cargo.
La reforma a la Ley Electoral (Ley 311) aprobada con urgencia por el partido sandinista, para la embajada de los Estados Unidos en Managua, no responde a la demanda planteada por la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a que se necesita una renovación en todas las estructuras del sistema electoral.
“La Misión de Observación Electoral de la OEA observó debilidades estructurales significativas en toda la estructura electoral y la necesidad de mejorar la selección de los miembros de las mesas electorales en todos los niveles. La reforma aprobada el día de hoy (este miércoles) no parece abordar estos temas”, respondió la portavoz de la embajada de los Estados Unidos en Managua, Nicole Finnemann, vía correo electrónico a consulta de LA PRENSA.
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La Misión de la OEA en su informe sobre las votaciones municipales de 2017 incorporó la desconfianza sobre el CSE que partidos políticos opositores y organismos de la sociedad civil expresan por la partidarización de esa institución. Como parte de las recomendaciones, la OEA instó a encontrar mecanismos para que “las fuerzas políticas en su conjunto confíen y se sientan representadas en la máxima instancia electoral”.
Campbell con el poder
Sin embargo, solo se reformó el artículo 14 de la Ley Electoral para transferir las facultades legales y administrativas del CSE al vicepresidente, cargo que ocupa el magistrado sandinista Lumberto Campbell.
Además, el vicepresidente del CSE asume las funciones de proponer el nombramiento del secretario de Actuaciones, el secretario general y los directores generales, así como el anteproyecto del Presupuesto anual y de todos los órganos electorales.
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A la figura del presidente del CSE, que ocupa Roberto Rivas, se le dejó la función de presidir la institución, convocar a reuniones y hacer cumplir las resoluciones de la institución.
La reforma electoral la aprobaron 74 diputados, que fueron los 70 sandinistas, tres de la bancada PLI-ALN y el de la Apre, Byron Jerez Solís. Votaron en contra 16 legisladores, entre los 14 del PLC, Brooklyn Rivera de Yatama y Alfredo César del Partido Conservador.
Profundiza crisis
Para analistas políticos y representantes de partidos opositores, al magistrado Roberto Rivas se le deja como una figura “decorativa” en el CSE, pero se le sigue protegiendo ante las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el funcionario por supuestos actos de corrupción y violación de derechos humanos.
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El magistrado Rivas también es investigado debido a supuesto lavado de dinero por la Fiscalía de Costa Rica.
Rivas Reyes no ha aparecido públicamente desde que lo sancionó Estados Unidos en diciembre pasado, y desde entonces el magistrado vicepresidente Campbell asumió de hecho las funciones que ahora tiene legalmente.
Orteguismo gana tiempo
El constitucionalista Óscar Castillo explicó que con esta medida lo que el Gobierno resuelve es el problema de que el funcionario no podía seguir firmando como representante legal del CSE, por ejemplo, documentos bancarios u otros trámites ante organismos extranjeros “porque su figura debía ser rechazada, aún siendo un funcionario de Estado”.
Para Castillo, “la única explicación de esta movida política para encubrir al magistrado Roberto Rivas” es que el Gobierno “intenta ganar tiempo hasta que se le venza su período como magistrado, pero aparecer públicamente cediendo ante Estados Unidos”.
Rivas es magistrado desde 1995. Su última reelección fue en abril de 2014, por un período de cinco años.
La expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, opinó que de cara a la negociación del Gobierno con la OEA , lo que se hizo fue “quitar a un elemento incómodo” en que se convirtió el magistrado Rivas en ese escenario.
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“Diría que esto es de cara a la sanción que impuso Estados Unidos a la figura de Roberto, porque no es al Consejo, y es una manera de hacer creer que se está cumpliendo con tratar de hacer reformas a la Ley Electoral, pero ahí no se cambia nada de fondo”, afirmó Zelaya.
Para Zelaya, “es inverosímil” que se modifique la Ley Electoral para “destituir de hecho” a Roberto Rivas como presidente del CSE a costa de “dañar el funcionamiento institucional”.
“Es una decisión política para no destituir y no proceder en contra de una figura de una persona que se llama Roberto Rivas, porque la Constitución y la Ley Electoral es clara que las atribuciones del presidente del Consejo empiezan por ser su representante legal”, expresó Zelaya.
Castillo y Zelaya coinciden en que el traspaso de funciones legales al vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell, pero manteniendo a Rivas como presidente, lo que hace es agravar la crisis sobre el sistema electoral, ya que el FSLN mantiene su control, lo cual profundiza la desconfianza en que las elecciones en Nicaragua no serán transparentes como se ha demandado.
Al pasarle las facultades legales al vicepresidente, y siendo este una persona de absoluta confianza del partido de Gobierno, es el tipo de reformas que más bien daña la institucionalidad”.
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE.
CxL y FAD critican
La reforma urgente a la Ley Electoral la aprobaron 74 diputados, de los cuales 70 son del FSLN, tres del PLI-ALN y Byron Jerez, de la Apre. Hubo 16 votos en contra que sumaron los 14 del Partido Liberal Constitucionalista, el diputado de Yatama Brooklyn Rivera y Alfredo César del Partido Conservador.
La presidenta del opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, criticó que la reforma electoral no responde a la demanda de cambios profundos del sistema, pero analizó que puede ser para mantenerle la inmunidad a Roberto Rivas o que el funcionario no quiere renunciar como magistrado.
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La lectura de Monterrey también es que el presidente designado, Daniel Ortega, podría prever que eventualmente se vería obligado a ceder la presidencia del CSE a un personaje de la sociedad civil, por ejemplo; por eso están dejando sin funciones ese puesto.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) calificó “de nueva burla al pueblo de Nicaragua” la reforma electoral y afirmó que “Ortega no podrá engañar al pueblo de Nicaragua ni a la comunidad internacional”.