La reforma de la Ley Electoral para quitarle a Roberto Rivas Reyes sus atribuciones de presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), y pasarlas al vicepresidente Lumberto Campbell, es uno de los más grandes disparates de la historia legislativa de Nicaragua. Jamás se había suprimido de esa manera las funciones del presidente de un poder del Estado, mucho menos la más elemental de ellas que es la representación legal.
Además esa reforma es inconstitucional. Fue aprobada por los diputados de Daniel Ortega y sus aliados aplicando el trámite de urgencia y por lo tanto violando expresamente la Constitución, que en sus artículos 192 y 195 establece que la reforma de una ley constitucional, como es la Ley Electoral, se debe aprobar con el mismo procedimiento que una reforma constitucional parcial, salvo el trámite de las dos legislaturas. O sea que antes de ser aprobada debe ser discutida por una comisión especial que la dictaminará en el plazo de dos meses.
Ortega demuestra con esta nueva aberración jurídica y política que está sofocado por las presiones externas. Da manotazos ilegales tratando de escapar de la Nica Act y de las sanciones directas de la Ley Magnitsky. Pero con eso no resuelve nada, más bien puede empeorar su situación.
¿Pero por qué Ortega, quien actúa como un rústico dictador bananero y no hay nada que no pueda hacer con su poder absoluto y su falta de escrúpulos, no destituye de una vez a Roberto Rivas Reyes? La respuesta es sencilla: si lo hace demostraría que se está doblegando ante el imperio, como él llama a los EE.UU., lo cual no se lo permite su inflamado ego personal y político. Además, tampoco lo puede destituir porque Rivas es protegido del cardenal Miguel Obando Bravo, su gran aliado religioso y espiritual; y porque son muy valiosos los servicios que el presidente del CSE ahora caído en desgracia ha hecho al caudillo sandinista, con los fraudes electorales.
Es obvio que Ortega quiere enviar a EE. UU. señales de que está haciendo lo necesario para que la Nica Act no sea aprobada y no haya más sanciones de la Ley Magnitsky. Pero lo único que ha hecho es destituir de sus cargos diplomáticos al hermano y la cuñada de Roberto Rivas y despojar a este de sus atribuciones de presidente del CSE
Está por verse si las maniobras políticas en Nicaragua y los cabildeos en Washington le darán a Ortega el resultado que quiere. Según analistas, lo más que podría lograr es que se siga posponiendo en el Senado la aprobación de la Nica Act, pero la Ley Magnitsky lo seguirá amenazando. Si la causa de la Nica Act y de la aplicación de la Ley Magnitsky es el atropello a la democracia y los derechos humanos, para quitarse de encima esas amenazas Ortega tiene que dar pasos efectivos hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua.
La decisión de quitarle a Roberto Rivas las atribuciones del cargo dejándole todos sus privilegios, no tiene nada que ver con reformas electorales a las que Ortega se ha comprometido con la OEA. Reformas que deben ser verdaderas y creíbles para que se pueda restablecer la confianza de la comunidad internacional en Nicaragua.