Cada día nuestro pueblo se indigna de las nuevas y graves violaciones de derechos humanos, como los crímenes a campesinos, niños y niñas, las famosas “desapariciones”. Uno de los principales factores que contribuyen a esta realidad atroz es la “impunidad”, mientras los agentes de la represión crean que pueden secuestrar, torturar y asesinar sin temor a ser descubiertos o castigados, el ciclo de violencia no se interrumpirá. Los derechos humanos se violan de forma más brutal, en la Costa Atlántica contra los indígenas donde no hay una exigencia de responsabilidades por parte de este gobierno, sus emisarios disfrazados de secretarios políticos, la policía política y un ejército subordinado con muchos ribetes políticos. Mientras el gobierno omite realizar investigaciones y poner a los sospechosos en manos de la justicia, el abismo entre los compromisos y la práctica solo podrá salvarse si se investigan adecuadamente todas las violaciones aún sin resolver y se procesa a los culpables.
Cuando fueron acusados formalmente los 14 policías que asesinaron a dos niños y una joven mujer de la misma familia, en la matanza del sábado 11 de julio del 2015 en Las Jagüitas, fue notorio el show mediático a favor de los asesinos, hoy ya nadie dice nada del crimen a la niña en El Tuma, municipio de Matagalpa. En La Cruz de Río Grande son asesinadas seis personas, y entre ellas dos niños de 12 y 16 años, más las violaciones a los derechos humanos de los emigrantes africanos y haitianos que pasan por nuestro territorio. Estas arbitrariedades cometidas desde el comienzo de estos casos por el Ejército, la Policía y el silencio de la Fiscalía, solo se pueden entender como una señal de que esto nuevos crímenes también quedarán en la impunidad.
Para poner fin a los abusos perpetrados por los responsables de hacer cumplir la ley y mantener el orden, el gobierno debería asumir determinadas responsabilidades fundamentales. En primer lugar, es necesario investigar plenamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos. El objetivo de dichas investigaciones es determinar las responsabilidades individuales y dar a conocer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad, toda la verdad.
En segundo lugar, cada vez se hace necesario la formación de una Comisión de la Verdad, como bien lo pedía nuestro obispo Mata, para investigar algunas de las peores violaciones de los derechos humanos cometidas antes de 1979 como las violaciones en la década de los años ochenta y noventa los últimos 17 años. En tercer lugar, las personas responsables de violaciones de derechos humanos deberán comparecer ante la justicia.
El gobierno actual del dictador Daniel Ortega mantiene a grupos paramilitares (motorizados) semioficiales como fuerzas de choques financiados por la Alcaldía de Managua, Telcor. “La impunidad”, que es una aberración social y vergüenza de la humanidad, ocurre precisamente en Nicaragua donde no hay Estado de derecho o solo existe en el papel; donde la justicia no es independiente y la administración judicial está minada por la corrupción política; donde los cuerpos policíacos son protegidos por jurisdicciones especiales o tienen autorización de hecho para abusar de los ciudadanos, en vez de protegerlos.
Se considera justamente que la peor de todas las formas de injusticia es la impunidad, porque trivializa el crimen contra la vida humana, impide el derecho de la sociedad a la reparación y niega a los deudos la satisfacción moral de saber que el criminal por lo menos ha sido recluido en la cárcel, aunque su privación de libertad no le devuelva la vida a la persona que ha sido asesinada.
El autor es catedrático universitario.