La falta de investigación del Estado a funcionarios señalados de corrupción, así como la reciente maniobra legislativa que mantuvo la inmunidad al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, se explica en un Estado afectado por la corrupción, dijeron expertos consultados.
El sociólogo Oscar René Vargas, exasesor de la Dirección Nacional del FSLN, dijo que la alianza entre el presidente Daniel Ortega y Rivas es similar como actúan los mafiosos para protegerse, pero también tiene un mensaje a lo interno del círculo más cercano al poder.
“Todos serán protegidos. Nadie se raje. Por lo tanto, todos están incluidos en el sistema de corrupto que se ha creado en el Estado. Por lo tanto, todos tienen que cerrar filas. Nadie puede hablar. Todos callan, todos son culpables. El funcionario que hable, cae y tendrá consecuencias terribles. El que calla, seguirá gozando de la protección del caudillo. Es la lógica mafiosa”, sostuvo el sociólogo.
Sorpresivamente el miércoles pasado, la Asamblea Nacional de mayoría sandinista reformó la Ley Electoral para quitarle las funciones administrativas a Rivas, quien fue sancionado el 21 de diciembre pasado por el gobierno de Estados Unidos con la aplicación de la Ley Magnitsky que autoriza al mandatario de ese país a congelar cuentas y cancelar visas a funcionarios acusados de corrupción y violación a los derechos humanos.
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Vargas sostiene que la alianza Ortega-Rivas está salpicada de intereses y ambos se necesitan proteger. “Roberto Rivas debe de saber muchas cosas, no solamente el tema de las elecciones”, consideró.
CGR no investiga
El 16 de enero pasado, el presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, se declaró incompetente para investigar al magistrado electoral.
Desde el anuncio de la sanción, el Ejecutivo mantuvo un bajo perfil a lo largo de 48 días. Su posición con el magistrado Rivas se anunció cuando la bancada sandinista le restó funciones a su cargo de presidente del tribunal electoral, pero además con la remoción del exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas, hermano del funcionario electoral, desde el pasado 26 de enero
Para el expresidente del Parlamento (1996-97), Cairo Manuel López, la maniobra de Ortega manda un mensaje a la comunidad internacional.
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“Estoy tratando de proceder a las reformas en el poder electoral, y esta maniobra fue acordada por un poder del Estado independiente, dirá él”, opinó López, extitular de la Asamblea y constitucionalista.
Dora María Téllez: gratitud por robo electoral
La exguerrillera y disidente sandinista, Dora María Téllez, considera que la protección que el ejecutivo de Daniel Ortega ha brindado al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, es un caso extremo de impunidad que se explica en la gratitud de este por los robos electorales.
“El caso Rivas es un extremo de impunidad en Nicaragua. Entre este caso (el del magistrado) y el de doña Elea Valle y sus hijos, vos tenés la impunidad total, el primero un crimen de Estado porque fue el Ejército que mató a esos niños y por otro lado tenés un caso de corrupción, de lavado de dinero y fraude electoral: en ambos casos Ortega actúa protegiendo a los hechores y eso pone en evidencia los gravísimos niveles de impunidad frente a la corrupción y crímenes graves”, señaló Téllez.
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Téllez dijo que el caudillo sandinista protege a Rivas porque este lo ha beneficiado con el robo de elecciones, lo que ha sido denunciado por distintos sectores. “Es difícil que Ortega no lo proteja, pues (el magistrado) Roberto Rivas ha robado elecciones desde el 2006 hasta nuestros tiempos para él, en la magnitud y en las condiciones en que Ortega ha querido”, afirmó la política opositora .