El consorcio Panorama Electoral exigió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no aceptar en la mesa de negociación de las reformas electorales en Nicaragua al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, porque de hacerlo se expondría al organismo continental a violar su propia Carta Democrática, al aceptar a un funcionario señalado de corrupción y violador de derechos humanos.
El consorcio de organismos de la sociedad civil, a través de una carta dirigida al secretario general de la OEA, le demanda pronunciarse “a lo inmediato” respecto a si el magistrado Rivas seguirá como interlocutor en las negociaciones, luego que al presidente del CSE se le quitó la representación legal del Consejo.
La vocería de la OEA no respondió a las consultas sobre el tema hechas por LA PRENSA.
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Haydée Castillo y José Antonio Peraza, directores de Panorama Electoral, plantearon que el magistrado Rivas al quedarse sin poder legal, ya no tiene ningún peso de decisión y, por tanto, sería contraproducente para la OEA que siga negociando con el funcionario porque los acuerdos futuros no tendrían legitimidad.
“Sería una vergüenza que la OEA permita que el magistrado Rivas siga representando a la nación en esas negociaciones, sabiendo que este señor no solo es señalado por la Ley Magnitsky de los Estados Unidos, sino también que son acusaciones de corrupción que de la sociedad civil venimos haciendo desde hace varias elecciones”, afirmó Castillo.
La OEA firmó en febrero del 2017 un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Nicaragua para impulsar durante tres años cambios en el sistema electoral del país. Los firmantes de esos acuerdos son Luis Almagro por la OEA, el canciller Denis Moncada Colindres por el Gobierno y el magistrado Rivas por el CSE.
Los 70 diputados sandinistas y cuatro aliados de la bancada PLI-ALN, más el de Apre, reformaron de manera urgente la Ley Electoral (Ley 311), únicamente para quitarle a la figura del presidente del CSE, que tiene Rivas, la representación legal y administrativa.
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La función legal y administrativa pasó al vicepresidente del CSE, cargo que ocupa el magistrado sandinista Lumberto Campbell.
LA PRENSA/ ARCHIVO
OEA arriesga legitimidad
Para el consorcio Panorama Electoral, la OEA arriesga su prestigio y la legitimidad de sus actuaciones en el resto de países de América Latina si permite que del lado del gobierno nicaragüense continúe una persona (el magistrado Rivas), sancionada por actos de corrupción y violación de derechos humanos a nivel internacional.
“Se desnaturaliza a la OEA porque es el principal promotor de la democracia y de la Carta Democrática, y por otro lado nos deja a la ciudadanía nicaragüense en un estado de vergüenza nacional”, dijo Castillo, también presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias.
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Peraza, director ejecutivo del Movimiento por Nicaragua, planteó que “de cara al acuerdo con la OEA Roberto Rivas ya no tiene capacidad legal para negociar nada, por eso es importante que el secretario Luis Almagro nos informe abiertamente a los nicaragüenses el estado de los acuerdos con el Gobierno”.
Agregó que en la carta dirigida al secretario Almagro, le reclaman “el silencio de la OEA” ante las sanciones bajo la Ley Magnitsky al magistrado Rivas. Además le exponen que se ha profundizado la crisis institucional en Nicaragua con “la inacción” de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Asamblea al negarse a investigar los señalamientos de corrupción y violación de derechos humanos formuladas por Estados Unidos contra Rivas.
“La OEA ha mostrado negligencia y pasividad en promocionar el diálogo con el Gobierno de Nicaragua, que ya lleva un año firmado”, criticó Peraza.
La última información recibida por Panorama Electoral de parte de la OEA es que no hay fecha para retomar el diálogo con el Gobierno.
Ortega no respeta diálogo con OEA
Tras las elecciones municipales del 2017, el secretario de la OEA dijo que la siguiente fase era avanzar en el diálogo para implementar las reformas electorales. Y el presidente designado por el CSE, Daniel Ortega, se comprometió con la OEA a tener “un sistema electoral mejorado” antes de las elecciones de la Costa Caribe previstas para marzo del 2019.
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Sin embargo, para el consorcio Panorama Electoral, Ortega demostró con la reforma a la Ley 331 que no le importa el diálogo con la OEA ya que no está dispuesto a ceder espacios en el CSE que le signifiquen someterse a elecciones libres y transparentes.
Se hace un daño profundo al sistema democrático y electoral del país. Es un pésimo precedente la manera en que se resuelve, cuando altos funcionarios son señalados de corrupción al erario”.
Haydée Castillo, directora de Panorama Electoral.
LA PRENSA / Óscar Navarrete
“Una sucia maniobra”, dice Cenidh
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, calificó como “indignante” y de “una sucia maniobra” la reforma a la Ley Electoral aprobada el miércoles pasado en la Asamblea Nacional, con el propósito, según dijo, de “encubrir y preservar la inmunidad que por el cargo tiene Roberto Rivas” .
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Para Núñez, “lo más grave es que prácticamente le dejan (a Rivas) en impunidad al mantenerle la inmunidad, para evitar que pueda ser investigado por los actos de corrupción cometidos”, siendo la intención de esto evitar que otros países soliciten su extradición. Y también, dijo, que el presidente designado, Daniel Ortega, se protege de que Rivas declare en su contra en una posible investigación también por corrupción.
Considera que Ortega al mantener en el cargo a Rivas está demostrando que no cumplirá con el acuerdo con la OEA.
Por su parte, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, valoró como “una mala señal” la reforma electoral que restó facultades legales al presidente del CSE y se las pasó al vicepresidente, pero se mantiene a Rivas en el cargo.
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“Yo creo que es una mala señal que esté al frente de ese cargo (Roberto Rivas). Yo creo que la misma Ley Electoral no permite a una persona que está cuestionada internacional y nacionalmente (estar de presidente del CSE). Uno de los requisitos es que puedan estar limpios y sin ‘cola’ para tomar cargos de presidente, no lo digo yo, lo dice la misma Ley Electoral”, enfatizó Healy, quien teme que esta medida perjudique más la relación con Estados Unidos.