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El presidente designado Daniel Ortega junto a Roberto Rivas. LA PRENSA/Oscar Navarrete.

Sistema electoral en “crisis terminal”, dice exembajador Bosco Matamoros

Con la protección del orteguismo al magistrado electoral, Roberto Rivas, el Ejecutivo de Nicaragua ha agudizado las tensiones con Washington, según el diplomático de carrera y analista político, Bosco Matamoros

Con la protección del orteguismo al magistrado electoral, Roberto Rivas, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en diciembre pasado, bajo señalamientos de corrupción y violación a derechos humanos, el Ejecutivo de Nicaragua ha agudizado las tensiones con Washington, según el diplomático de carrera y analista político, Bosco Matamoros.

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Para el experto, el otro efecto es que deja “en estado crítico” a la Organización de Estados Americanos (OEA) que firmó un acuerdo con el gobierno de Ortega para mejorar el sistema electoral.

¿Con esta decisión el Presidente está tensionando las relaciones con Estados Unidos?

No hablemos de tensiones que se podrían dar, ya existen, lo que está ocurriendo es que se están agudizando.

¿Podrían haber funcionarios más castigados con la ley Magnitsky como ocurrió con Rivas?

Con esa medida se ha aumentado las posibilidades de que se tomen acciones (sanciones) más severas a nacionales nicaragüenses, a nacionales norteamericanos.

¿Hacia dónde conduce Ortega al país?

El alcance de esta situación no sabemos si ya constituye un acto de provocación que lleve a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, a la Unión Europea, es decir, a la comunidad internacional, a aumentar las presiones sobre Nicaragua y, en vez de convertirse esto en una situación manejada con una visión estratégica, se convierta en una crisis, cuyas repercusiones alcancen, no solo a miembros del Consejo Electoral, sino a otros miembros de otros poderes del Estado y hasta otros sectores empresariales.

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Con la maniobra para proteger a Rivas, ¿a qué debería de apostar la OEA en sus conversaciones con el gobierno?

Se debe centrar en un proceso integral urgente máximo de 90 días de reformas al sistema electoral. El plazo de los tres años ya está desfasado y el punto de partida es la reforma electoral, y es urgente porque el sistema electoral en Nicaragua está atravesando una crisis terminal.

¿Porque el gran capital no dice nada ante las denuncias contra Ortega?

Solo se han quedado pagando cabildeadores en Washington. Ellos no tienen la visión intelectual ni la fortaleza moral para hacer un planteamiento de fondo.

Política Daniel Ortega poder electoral Roberto Rivas archivo

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