A tres meses de ocurrida la masacre en la comunidad San Pablo 22, de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, un segundo grupo de mujeres acudió la mañana de este lunes a la Fiscalía para sumarse a una denuncia presentada la semana anterior por otras ocho mujeres.
La denunciantes reclaman una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables del operativo militar ocurrido el 12 de noviembre de 2017 que dejó seis muertes y recordaron que a tres meses de la masacre no hay ninguna investigación y existe el riesgo que quede en impunidad.
Entre los fallecidos están los menores Francisco y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años respectivamente, hijo de Elea Valle, con quien manifestaron su solidaridad en reclamo de justicia.
Nuevamente las mujeres denunciaron al presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, al jefe del Ejército, general Julio César Avilés y al jefe del Sexto Comando Militar Regional, Marvin Paniagua.
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“Ahora están diciendo que estos niños estaban armados, han puesto fotos adulteradas con estos niños (…) la niña apareció con el pantoloncito abajo, fue violada, la madre de estos niños está pidiendo que le devuelvan sus cadáveres, que fueron enterrados en una fosa común”, explicó Violeta Granera a los presentes en la Fiscalía, mientras realizaban su denuncia.
Granera dijo que en solidaridad con Valle las denunciantes no solo piden justicia sobre este caso, sino también reparación por parte del Estado de Nicaragua.
“Les pedimos a ustedes hombres y mujeres nicaragüenses que nos pongamos la mano en la conciencia y que nos sintamos solidarios con el dolor de esta madre”, dijo Granera quien instó a defender el derecho a la vida “y no puede ser que estas cosas estén ocurriendo en Nicaragua”.
Andrea Margarita Del Carmen Ibarra, comparó la actuación de la patrulla del Ejército con la de la Guardia Nacional, durante la dictadura de Anastasio Somoza.
“Realmente ¿cuáles fueron los hechos? Y que el Estado de Nicaragua responda, que (reconozca que) nosotros como ciudadanos tenemos derecho al acceso a la justicia y que se respeten los derechos humanos”, dijo por su parte Fernanda Daniela Martínez.
Unir esfuerzos
“Sabemos que si no hacemos nada como sociedad esto va a quedar en la impunidad”, sostuvo, Ana Margarita Vijil, quien apuntó que “ni el Estado, ni Daniel Ortega tienen el interés de investigar porque fueron ellos los que cometieron estos asesinatos y estas violaciones a derechos humanos”.
Evelyn Flores demandó por su parte sanciones para quienes resulten responsable por este hecho sangriento, a su vez, que los cuerpos de los hijos de Valle sean entregados.
La entrega de los restos de los dos menores ha sido demandado de forma reiterada por Elea Valle.
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