La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue fundada en 1948, en Bogotá, Colombia, con el objetivo de lograr en sus Estados miembros “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”. La OEA reúne a treinta y cinco países en el continente americano y constituye su principal foro gubernamental político, jurídico y social.
La Asamblea General es su órgano supremo y define sus políticas y mandatos.
Desde su constitución, la OEA ha tenido once secretarios generales. Por lo general, al ser nombrados, reemplazan a funcionarios de alto nivel, incluidos cargos técnicos calificados de instancias superiores, por colaboradores de sus países, una especie de nuevo gabinete, que a su vez constituye un naciente círculo de poder. El secretario y los funcionarios mencionados provienen de las cúpulas políticas de sus países, gobiernos democráticos o golpistas; militares o civiles; derecha o izquierda; honestos o corruptos, en ocasiones apartados temporal o definitivamente de sus partidos, otros con juicios legales pendientes.
La Carta Democrática Interamericana define cuándo un país interrumpe la democracia con un golpe de Estado, o cuándo el orden constitucional es alterado poniéndola en riesgo. Entonces, se aplica lo dispuesto en el Artículo 20, que puede ser invocado por el secretario general o cualquier Estado miembro, y aprobado por la mayoría (18), del Consejo Permanente. Fue adoptada en Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en Lima (11-9-2001). Su antecedente principal es la Resolución 1080 de 1991, en la que por primera vez se habilitó a la OEA a tomar sanciones. Hasta el 2016 la Carta ha sido invocada diez veces en: Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Honduras, países cuyas democracias están lejos de tener mejorías.
Es probable que la OEA tenga la constitución jurídica, la estructura organizacional, el personal idóneo y la experiencia acumulada, para cumplir su cometido institucional. Sin embargo, ha vivido experiencias nocivas que han desacreditado su labor, siendo las de mayor peso: la injerencia política de los países miembros; la influencia en las decisiones de los países con más recursos; y el amiguismo /clientelismo entre los gobiernos de turno y sus secretarios generales.
Como casi todos sus países miembros habitualmente violentan la democracia, los derechos humanos, la institucionalidad, y las libertades, es difícil que uno le solicite una sanción, pues a la vuelta de la esquina podría ser el que esté en el banquillo de los acusados, iniciándose así una ruleta de encubrimiento a los actos perversos que cometen los gobiernos. Es una crisis de ética y gobernabilidad, incrustada en los Estados del continente. Nos cuidamos las espaldas y vivimos medias verdades. En pocas oportunidades un país ha tenido la entereza de denunciar en forma clara los atropellos a la democracia.
Recientemente la OEA participó como observador/acompañante en Honduras y Nicaragua, y para intentar resolver la crisis venezolana. Llama la atención que en los tres países su enfoque ha sido: beligerante, secretista, complaciente, errático.
En Nicaragua, ha tenido una relación secreta con el gobierno; con una participación marginal de los partidos políticos (oficiales o no), y la sociedad civil; informes obscuros, con poco contenido, y con marcada parcialidad al partido de gobierno. Adicionalmente, existen dudas sobre su independencia y la del encargado de la misión.
Los observadores/acompañantes llegaron al país pocos días antes de las elecciones y se desconoce sus calificaciones e idoneidad
En 50 años de experiencia en elecciones, la OEA ha aplicado tres generaciones de observación. Primera (1962-1989), definida por acompañamiento político, simbólico y presencial de testigos internacionales. Segunda (1990-2005), de grandes dimensiones y duración; nueva estructura y metodologías para analizar procesos políticos y sociales de los países, y observaciones a elecciones parlamentarias, municipales y referéndums. Tercera (2006-2012), incorporó metodología para observar rigurosa y sistemáticamente las elecciones. Estableció una estructura formal, y un grupo para estudios políticos, legales, económicos, estadísticos y de prensa.
En las elecciones municipales del 5 de noviembre de 2017, pareciera que la OEA practicó el descartado y viejo enfoque de primera generación. Pareciera también que el gobierno pasó de desacreditarla a utilizarla para ganar tiempo ante la posible aprobación de la Nica Act, y crear ilusiones de “elecciones libres” en 2021. Llama la atención que un día después de su informe, el presidente del Consejo Supremo Electoral apareció en la lista de sancionados de la OFAC.
Los nicaragüenses debemos identificar otras fórmulas para el retorno a la democracia, la paz y justicia por todos anheladas.
Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países…
Daniel Ortega, VI Congreso FSLN 4-6-16
El autor es contador.