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Seguro Social nicaragüense. INSS, políticas de desarrollo, instituciones públicas

Para poder conocer las razones subyacentes de los procesos económicos y sociales que vive el país, se requeriría un acceso mucho más abierto a la información pública. LA PRENSA/ARCHIVO

La viabilidad del Seguro Social nicaragüense

La única manera en que la seguridad social sea sostenible, es si el crecimiento en el número de adultos mayores y el costo de sus necesidades, se corresponde con el crecimiento de la base del sistema

La idea básica de Samuelson, desarrollada en 1958 pero todavía plenamente en vigor y profusamente referenciada, es que un sistema de seguro social financiado a través de transferencias intergeneracionales sólo será viable en el largo plazo si su tasa interna de retorno no supera la tasa de crecimiento de los salarios reales -como expresión del crecimiento de la productividad- más la tasa de crecimiento de la población cotizante; o lo que es lo mismo, si no supera el crecimiento de la base fiscal real del sistema, que en el largo plazo es el Producto Interno Bruto (PIB).

Esta idea contiene una intuición básica: la única manera en que el sistema de seguridad social nicaragüense puede ser sostenible a largo plazo, y cumplir de la mejor manera sus objetivos, es si el crecimiento en el número de adultos mayores y el costo de sus necesidades de sostén y de salud, se corresponde con el crecimiento de la base fiscal real del sistema, a saber, con el crecimiento del número de trabajadores formales y de sus salarios medios reales, como expresión del crecimiento de la productividad.

El problema de fondo es que ello no ha estado ocurriendo.

Lograr estos objetivos demandaría un esfuerzo nacional coordinado, de la envergadura necesaria, para transformar el patrón de crecimiento económico, de manera que el crecimiento de la fuerza de trabajo resultante del bono demográfico y del bono femenino se corresponda con la adecuada expansión del porcentaje de empleos de mayor productividad e ingresos en el empleo total.

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Esto es la única posibilidad que existe para que la base fiscal real del sistema crezca a tasas mucho más adecuadas, y para que el país pueda arribar a la fase avanzada de envejecimiento de la población en mejores condiciones. Este esfuerzo no puede ser postergado. En unos 27 años, el bono demográfico habrá finalizado y, debido a la rapidez del proceso de envejecimiento, el porcentaje de adultos mayores en la población se habrá acercado al que muestran hoy los envejecidos países europeos.

De lo contrario, las solas reformas paramétricas, como las propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendrán que sucederse y ser cada vez más drásticas, con lo cual la extensión sucesiva de la solvencia del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) solo se lograría a costa de aplastar sistemáticamente los objetivos esenciales de la seguridad social.

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Mientras tanto, se debería avanzar en varias direcciones, que le proporcionen legitimidad, tiempo y respiro al INSS.

En primer lugar, un pre-requisito fundamental seria transformar institucionalmente al INSS, convirtiéndolo en una institución autónoma y profesional, absolutamente transparente, y con un manejo claramente reglamentado de sus inversiones. Resulta básico además reducir el gasto administrativo del INSS hasta proporciones más razonables, y los salarios promedio de la institución a niveles más en línea con el promedio.

En segundo lugar, el INSS ha sido enormemente sobrecargado con funciones que corresponden a la función de protección social del Estado, que deberían ser financiadas por el Presupuesto. El INSS es un seguro, y haberlo forzado por tanto tiempo a asumir el financiamiento de funciones de protección social que no le corresponden, ha venido representando un peso desmedido sobre su solvencia financiera. Esta distinción de funciones es clave. A partir de aquí el Estado debe definir algo que jamás ha hecho: pasar de programas sociales aislados a un marco institucional de políticas de protección social.

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Debería revisarse además el aporte estatal de apenas 0.25 por ciento al INSS, que fue establecido hace muchas décadas ya.

En tercer lugar, debería renunciarse a la desprotección de segmentos enteros de la fuerza de trabajo el amparo de la denominada tercerización, y apuntar a reducir en un plazo de cinco años la enorme dispersión que existe entre las semanas promedio cotizadas entre distintos sectores de la economía. Esta sería una contribución clave del sector privado a este esfuerzo nacional.

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Finalmente, para poder debatir de manera pública y transparente este asunto fundamental para nuestro futuro común, deben publicarse todos los estudios actuariales existentes, como es común que se haga en otros países, para que exista un conocimiento compartido entre todos los sectores de nuestra sociedad y para que estemos en capacidad de poder debatir y determinar con mayor fundamento, que medidas adicionales sería necesario adoptar.

El autor es economista

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