La semana pasada tuvieron lugar tres eventos preocupantes que me motivan a hacer tres breves comentarios, estos son: las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para salvar el INSS y la reacción precipitada del gobierno descartando las reformas sugeridas; la sorpresiva reforma electoral para dejar a Roberto Rivas en la presidencia del Consejo Supremo Electoral (CSE), sin facultades y el anuncio de las elecciones en Venezuela al estilo nica, posiblemente sin participación de la oposición.
Para evitar que las proyecciones de insolvencia del INSS se vuelvan una realidad, la delegación del FMI ha recomendado aumentar la edad de jubilación y en caso de no ser posible aplicarla, por motivos políticos, han recomendado recortar las pensiones que actualmente se otorgan, lo que tendría el mismo efecto.
Esto se debe a que la expectativa de vida en Nicaragua ha aumentado desde que dicha ley de seguridad social fue aprobada y ahora es de 75 años aproximadamente, lo que aumenta la carga, según argumentó el jefe de la misión Fernando Delgado, quien dijo “que elevar la edad de jubilación o recortar el monto de las pensiones permitiría corregir el desequilibrio que ha provocado el incremento en la esperanza de vida”.
“Hace 15 o 20 años —agregó— se suponía que los trabajadores cotizaban como media el mismo número de años que luego recibirían pensión, pero con el incremento en la esperanza de vida se sigue cotizando el mismo número de años, pero se recibe pensión durante más años”.
Las recomendaciones estructurales del FMI son precisas y de una lógica irrebatible. Particularmente, creo que la del incremento en la edad de jubilación no tendría efectos sociales, aunque sí la reducción en el monto o el alcance de las pensiones, pero de entrada han sido rechazadas por el Gobierno en la voz de su vocero para temas económicos Bayardo Arce, lo que es preocupante.
El otro evento que causó gran expectativa, es la convocatoria el pasado miércoles 7 “con carácter de urgencia” de la Asamblea Nacional para aprobar las “reformas electorales” que le quitaron la mayor parte de las facultades al presidente del CSE, Roberto Rivas y se las trasladaron al vicepresidente, que ahora es Lumberto Campbell.
Digo que ahora, porque el puesto de Campbell es transitorio y una reforma a la Ley Electoral (Ley 311) no se hace por una coyuntura o conveniencia de momento, si la situación cambiara y digamos, hipotéticamente fuese nombrado, producto de un necesario consenso nacional, un nuevo presidente, ¿se tendría que volver a reformar la Ley Electoral para devolverle todas las facultades funcionales que debe de tener su alta investidura?
Está claro que la reforma no fue para mejorar el funcionamiento del CSE, sino que la intención fue proteger a Roberto Rivas para dejarlo en su cargo con inmunidad y salario, pero sin las facultades que pudieran entorpecer la marcha del CSE en virtud de las sanciones del Departamento del Tesoro amparadas en la Ley Magnitsky.
Finalmente, tenemos el agravamiento de la crisis en Venezuela, que tiene varias facetas: la convocatoria unilateral de Maduro a elecciones generales el 22 de abril, aún después de que se rompieran las negociaciones en República Dominicana con parte de la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD).
Otra faceta es la crisis humanitaria, reflejada en el incremento exponencial de la población que quiere abandonar el país y está solicitando asilo o simplemente emigrando masivamente hacia Colombia. Tenemos la posición vertical de la Administración Trump a través de su secretario de Estado, Rex Tillerson, en su reciente gira por América Latina promoviendo una pronta solución en Venezuela y al mismo tiempo, la del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, tratando de conseguir solidaridad entre sus cada vez menos países aliados, como Nicaragua.
Me preocupa que Nicaragua, por medio de Ortega, se esté apuntando a caballos perdedores de manera consciente y beligerante. Las consecuencias para el país están a la vuelta de la esquina y han sido anunciadas con trompetas, como la inminente aprobación de la Ley Nica Act, que como bien se ha dicho tendrá consecuencias económicas negativas para el país.
La situación es como decía Edmundo Jarquín en un reciente artículo: “Como un fuego en el vecindario que amenaza con trasladarse a nuestra casa”.
El autor es periodista, exministro y exdiputado