A casi un año que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a las autoridades gubernamentales del país crear “un colchón fiscal” equivalente al 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para afrontar múltiples riesgos externos, el Gobierno encontró en el subsidio eléctrico el camino más rápido y fácil para comenzar a crear ese fondo de contingencia, consideró el economista Luis Murillo.
Pero sobre la reducción de las exoneraciones, que también es una demanda del Fondo, el Gobierno aún sigue sin revelar qué hará. Una tarea pendiente, donde el sector empresarial ha asegurado que peleará con “las uñas” para evitar que eso ocurra, al asegurar que de ese millonario gasto fiscal depende el dinamismo y competitividad de varias actividades económicas.
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El problema es que la reducción del subsidio eléctrico también tiene su efecto económico, pero a nivel micro, es decir en la economía familiar, recuerdan los economistas. Murillo afirmó que la medida de recortar el subsidio eléctrico va afectar a sectores importantes, “a los que están trabajando y a los que están jubilados, porque también les eliminan gradualmente el subsidio y los afectados son los más pobres, los que consumen menos de 150 kilovatios”.
El extitular del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Arana, cree que “el Gobierno está iniciando con una ley que busca reducir el subsidio energético de una forma gradual, pues no hay recursos para seguirlo sosteniendo”, pero a su vez aclara que el hecho de que primero se esté haciendo este ajuste en el mercado eléctrico, “no significa que a largo plazo no se va a reducir las exoneraciones”.
Pero Murillo en este punto hace un alto. Y recuerda que en reiteradas ocasiones el empresariado ha esquivado la posibilidad de que se recorten las exoneraciones.
En 2013 cuando se negoció la Ley de Concertación Tributaria por primera vez se puso fecha de caducidad a las exoneraciones, pero a través de una reforma de manera discreta el sector empresarial logró que esto desapareciera.
En algún momento el Gobierno va a terminar haciendo el ajuste, insiste Arana.
El FMI insiste
El FMI lleva años insistiendo al Gobierno en la eliminación de las exoneraciones, pero hasta ahora no se han dado pasos en concreto.
En junio de 2017, el asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, aseguró que dada las circunstancias económicas internacionales, el tema ya estaba en agenda del Gobierno y que en el momento “oportuno” se tomarían decisiones, sin dar mayores detalles.
En el último informe del FMI, recomendó al Gobierno de Nicaragua continuar fortaleciendo la administración fiscal y mejorar la composición y la calidad de sus gastos para hacer frente a los desafíos económicos.
Según el FMI, los recursos para esta mejora se pueden obtener “mediante la eliminación de exenciones y exoneraciones fiscales y una mejor racionalización y focalización de los subsidios”, de igual forma insistió en “la puesta en práctica de la legislación sobre tributación internacional”.
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Fernando Delgado, representante del FMI y que encabezó la visita técnica del organismo en febrero, dijo que “las exenciones al IVA, que desde nuestro punto de vista, no son progresivas, porque quien más se beneficia es quien más tiene, así que eliminarlas o reducirlas podría dar una rentabilidad fiscal importante. Podría asegurar la estabilidad fiscal, financiar el programa de inversión pública, e ir creando ese colchón de resistencia, a la vez que se solucionaba un problema de inequidad”.
En marzo de 2015, el Fondo Monetario Internacional señaló que si se eliminaran las exoneraciones y exenciones, “el potencial incremento de los ingresos (fiscales) puede llegar al seis y 6.5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)”.
Reformar el sector público
El economista Alejandro Aráuz considera que el Gobierno para impulsar la creación de ese “colchón fiscal” tiene otra opción, comenzar con “una reestructuración del sector de Gobierno y de las empresas públicas”, pues en ellas se gastan cantidad de recursos innecesarios que no se comparan con los de años anteriores.
Si el Gobierno “aplicara una política de eficiencia, racionalidad y de organización, de ahí se tendrían recursos no solo para un colchón fiscal, sino también para trasladarlos a la infraestructura económica”, dijo el experto.
Aráuz dijo que en las instituciones públicas hay una inmensa cantidad de personal y de gastos de recursos económicos “que no se traducen en mayor eficiencia hacia los sectores productivos, ni a la sociedad”.
Actitud del Gobierno
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Aráuz criticó la actitud del Gobierno de trabajar con base en elementos políticos y utilizar las instituciones para proyecciones políticas.
El economista indicó que el objetivo fundamental de todo Gobierno debe ser “el soporte y apoyo para la transferencias de recursos hacia los sectores que lo necesitan” y de esa forma facilitar actividades económicas que propicien un crecimiento mayor.
Aráuz expresó que si el Gobierno hace caso omiso a las recomendaciones del FMI, en el país “habrá más tensión y menos inversiones”.