La reforma que hizo la Asamblea Nacional de la Ley Electoral para dejar a Roberto Rivas como figura decorativa en el Consejo Supremo Electoral (CSE) muestra que Daniel Ortega no necesita tres años para hacer los cambios que demanda la Organización de Estados Americanos (OEA) y los nicaragüenses para que haya elecciones justas y transparentes; las cuales pueden hacerse en un año en dos legislaciones, solo le basta ordenarles a sus diputados que las aprueben.
Probablemente, Ortega no tiene la voluntad política de hacer estos cambios porque motivaría a la población a que vuelvan a confiar en la democracia representativa, algo que Ortega desprecia, y fortalecería a los partidos políticos de oposición, quienes desde ya tendrían tiempo suficiente para prepararse al abrirse una puerta para que haya un nuevo gobierno por la vía cívica. La estrategia de Ortega pareciera estar orientada a mantener las cosas así hasta el último momento, para que haya un total desaliento de parte de la población, pero el tiempo se le acaba.
Al dejar a Roberto Rivas como “magistrado” confirma lo que han dicho otros analistas políticos que Ortega es cómplice y apañador de la corrupción, pero además, de todo lo actuado en el CSE y con él, las otras instituciones, que en un Estado de Derecho, están obligadas a investigar las acusaciones que se le hacen a este funcionario.
Uno se pregunta ¿qué cartas tiene el “magistrado” Rivas bajo la manga para haberles doblado el brazo a los Ortega-Murillo? Una hipótesis es la información que maneja que puede ir más allá del CSE y, la otra, nos lleva a su protector: el cardenal Obando, quien es la garantía de Ortega para legitimar su imagen ante los fieles y recitar, hasta hace poco, en las obras de inauguración la letanía de que gracias a Dios, al comandante Daniel y a la compañera Rosario son beneficiados por las obras que pagamos con nuestros impuestos, pero las hace aparecer como producto de milagros de Dios operados por los Ortega-Murillo. La segunda contribución es que el cardenal da una imagen de división de la Iglesia católica y, finalmente, mantiene cohesionado a los curas que están en función de los intereses del poder. Una ruptura con el cardenal y una filtración de la información podría tener un fuerte impacto político desfavorable a Ortega. En cambio, en lo poco que le queda por vivir al cardenal es mejor preservar la relación, porque luego de su muerte el régimen explotará al máximo la imagen del prócer.
Pareciera que Ortega, al analizar los costos y beneficios de renunciar a dejar al “magistrado” Rivas, prefiere echarse encima la aprobación de la Nica Act o que se incluyan más personas en la Ley Magnitsky, con esta acción deja a más gente de su círculo político e íntimo, expuesta, pero sobre todo de aprobarse la Nica Act, traería más sufrimiento a nuestro pueblo. Ortega se está convirtiendo en el mayor promotor de las sanciones para Nicaragua, ayer como hoy quiere llevar a Nicaragua al despeñadero.
Con la reforma, Ortega boicotea la escalera de plata que le está tendiendo la comunidad internacional para encontrar una salida pacífica al drama que vive Nicaragua, atrincherándose en primera instancia en una clase empresarial, que por el momento cabildea en Washington, preocupada por las consecuencias de la aprobación de la Nica Act, si esto le falla, tendrá en segunda línea a las fuerzas armadas y a la Policía para reprimir a la población con tal de mantenerse en el poder.
Si bien las negociaciones con la OEA son una buena carta de presentación para ganar tiempo, las mismas se exponen cuando Ortega mal intencionadamente le pone una trampa con una contraparte nacional acusada de violar los derechos humanos de Nicaragua y destruir la institucionalidad. Negociar con Rivas es pedirle a la OEA que transgreda la Carta Democrática de ese organismo, pero a la vez, enfrenta a Almagro con los Estados Unidos. Mientras la OEA quiere salvarle la cara a Ortega, este la quiere hundir.
Pareciera que a Ortega no le importa Nicaragua, sino su permanencia en el Poder.
El autor es sociólogo.